Condenan a tres exgobernadores del Putumayo por corrupción
Condena a exgobernadores del Putumayo por corrupción y peculado. Pena de prisión y multas millonarias impuestas por la Corte Suprema.
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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió fallo condenatorio contra los exgobernadores del departamento del Putumayo, Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Renzo Alfonso León Vargas y Carlos Alberto Palacios Palacio.
Esta decisión se deriva de irregularidades en la celebración de un convenio en el año 2005, en el marco de cooperación y asistencia técnica con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB).
Con base en las investigaciones lideradas por el magistrado Jorge Emilio Caldas, los exgobernadores desembolsaron un total de $2.977.508.105 por la carta de acuerdo 001 y $2.494.955.579 por la carta de acuerdo 002.
Sin embargo, se constató que solo se ejecutó un 20% de los recursos correspondientes a la carta 001, lo que dejó un saldo de $739.964.262,57 en manos de los contratistas.
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Fabián Alfonso Belnavis Barreiro recibió una pena de 179 meses y 28 días de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Además, deberá pagar $5.335.814.791,98 como reparación por los perjuicios causados.
Por su parte, Renzo Alfonso León Vargas fue condenado a 126 meses y 13 días de prisión por peculado por apropiación, así como a una multa de $2.914.508.105,58.
Y Carlos Alberto Palacios Palacio enfrentará una pena de 128 meses y 20 días de prisión, también por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, además de una multa de $2.532.185.579.
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La Corte Suprema ha enfatizado que los exmandatarios no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni ser elegidos o designados como servidores públicos. Asimismo, se les prohíbe celebrar contratos con el Estado, ya sea de manera personal o a través de terceros.
Finalmente, la Sala ordenó que se emita una orden de captura contra los tres condenados, que se llevará a cabo una vez la sentencia quede en firme, todo en pro de la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos.