Condenan a funcionarios por construir cancha de fútbol a la que solo llega por ferry

El exalcalde de El Peñón, en el departamento de Bolívar, Arling Arias García, tendrá que pagar siete años y seis meses de prisión domiciliaria por las irregularidades que se presentaron en la construcción de una cancha sintética de fútbol a la que solo se puede llegar por ferry. 

La cancha está ubicada en el barrio La Concepción, a la cual los habitantes solo pueden llegar atravesando el Río Magdalena. El polémico contrato se suscribió con Coldeportes por un valor aproximado de 3.900 millones de pesos. 

Según la Fiscalía, se comprobó que se prometieron y pagaron dádivas a funcionarios del municipio y de Coldeportes y, presuntamente, a un congresista que sería el exsenador Antonio José Correa, contra quien ya existe una compulsa de copias, por parte del juzgado Noveno de Conocimiento a la Corte Suprema de Justicia, para investigarlo.

Contra Correa se dice que al parecer recibió 420 millones de pesos para que moviera sus influencias con el fin de lograr un cupo indicativo para la financiación del polémico proyecto. 

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El exalcalde Arias García fue condenado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

Entre los condenados por esas irregularidades también se encuentra la contratista Vanesa Margarita Deyoung por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y concierto para delinquir. 

Edwin Fabián Moreno, exfuncionario de Coldeportes, fue condenado a 60 meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho

Carlos Hernán Rivero, exfuncionario de Coldeportes fue condenado a 78 meses de prisión por interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

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Por su parte, Mariela Margarita Trujillo, exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Antonio José Correa, a quien se le concedió principio de oportunidad parcial, fue condenada por concierto para delinquir, a 28 meses de prisión.

Según la Fiscalía, en la investigación y operación de la denominada ‘mermelada toxica’, “se logró establecer que mediante este mecanismo se asignaron recursos a las regiones en condiciones de opacidad, lo que facilita la corrupción, hace más complejo su seguimiento y da lugar a que un porcentaje de los dineros públicos se desvíe y no se inviertan integralmente en los municipios beneficiarios”.

La Fiscalía señala que la denominada 'mermelada' se vuelve tóxica, cuando “el miembro de una corporación pública, beneficiario del cupo, logra su direccionamiento, a través de una alcaldía vinculada, por medio de la cual se obtiene que un contratista preseleccionado les asegure un porcentaje del contrato”.