Congelan acciones por US$4 millones en Islas Vírgenes al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales

Los investigadores de la Fiscalía General aseguraron que se trata de la primera vez que este organismo logra que autoridades extranjeras congelen acciones que fueron puestas en uno de los llamados paraísos fiscales del mundo.

De acuerdo con la Fiscalía, tras un intenso rastreo, los peritos lograron ubicar y bloquear estos millonarios títulos que están depositadas en las Islas Vírgenes Británicas y que harían parte de los 6 millones de dólares que habría recibido el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, producto del soborno que pagó la multinacional brasileña para obtener de forma irregular el contrato de obra del Tramo II de la Ruta del Sol, firmado con el entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO) en 2009.

La Fiscalía estableció que el exviceministro habría contactado a los detenidos hermanos Enrique José y Eduardo Ghisays Manzur, para que a través de su empresa Oil & Gas Logistics realizaran una transacción para supuestamente legalizar dineros recibidos de la firma brasileña, con lo cual se una se configuró un lavado de activos.

Según la investigación, los cuatro millones de dólares recibidos y depositados en la firma Oil & Gas Logistics fueron invertidos en acciones en la empresa Pacific Infrastructure, que a su vez los envió a una de sus sedes en Islas Vírgenes.

"Dentro de la trama de blanqueo de activos, Gabriel García Morales contactó a sus amigos empresarios Marco Gianpaoli y Menzel Amín, quienes aportaron 2 millones de dólares adicionales, para quedarse con el 85% de la panameña Oil & Gas Logistics, que forjó un patrimonio ilícito de 4 millones de dólares", señaló la Fiscalía.

Esos recursos invertidos en acciones en Pacific Infrastructure fueron los afectados por la Fiscalía con fines de extinción de dominio.

Con esa decisión, la  Fiscalía General de la Nación inició los trámites de medidas cautelares sobre las acciones de la sociedad OIL & Gas Logistics para proceder a la extinción de dominio y que el dinero sea trasladado al gobierno colombiano.

Los investigadores agregaron que como el trámite para que un juez de las Islas Vírgenes emita un fallo, podría durar más de cinco años, la Fiscalía logró un acuerdo con Enrique José Ghisays y como parte de su colaboración con la justicia, a través de una carta a la empresa Pacific Infrastructure facilitó la recuperación de los 4 millones de dólares que se espera lleguen a las arcas del gobierno colombiano en un año.