Contraloría imputa responsabilidad fiscal en caso Reficar por $2,9 billones

Después de 4 años de investigaciones, la Contraloría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal, en el caso Reficar, por 2,9 billones de pesos.

La medida cobija a cinco exfuncionarios de la empresa (incluyendo dos presidentes), siete miembros de su junta directiva y cuatro contratistas, por los mayores valores invertidos en la construcción de la Refinería de Cartagena que "no se recuperarán", según lo evidenciado por el organismo de control.

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la entidad determinó que en la modernización de la Refinería de Cartagena, "se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de 997 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a 2.9 billones de pesos".

En ese orden de ideas, el organismo de control emitió fallo de responsabilidad fiscal contra varios ex funcionarios de Reficar para la época como "Andrés Virgilio Riera, vicepresidente de proyectos de Reficar para la época; Reyes Reinoso, presidente; Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, vicepresidente de Proyecto, Orlando José Cabrales Martínez, también presidente y representante legal para ese momento; Magda Nancy Manosalva Cely, para entonces vicepresidenta financiera y administrativa", indicó el organismo de control.

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El organismo de control también también encontró responsables fiscalmente a varios miembros de la junta directiva, entre ellos, el expresidente de Ecopetrol Javier Gutierrez, Diana Constanza Calixto Hernández, en representación de Ecopetrol, Henry Medina González, miembro de la junta de Reficar y de Ecopetrol, y Hernando José Gómez Restrepo, miembro de la junta de Reficar.

Dentro de los contratistas declarados culpables fiscalmente están Chicago Bridge & Iron Company CB&I UK Limited; CBI Colombiana; Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc. 

"El daño patrimonial determinado y cuantificado en el fallo de la Contraloría General se produjo con ocasión de las acciones y omisiones de la junta directiva de Reficar y su administración, contratista y supervisor del proyecto quienes, en ejercicio de la gestión fiscal directa o indirecta, de manera antieconómica, ineficiente e inoportuna, contribuyeron a esta billonaria pérdida de recursos públicos, que se convierte en el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia", señaló la Contraloría.

De acuerdo con la investigación del ente de control, "el daño fiscal está vinculado a asuntos como gastos que no tenían que ver con la megaobra, sobrecostos en la contratación de personal y baja productividad en la mano de obra directamente involucrada en el proyecto, entre otros asuntos".

Es de mencionar que la Refinería inicialmente estaba planeada por un valor de US$3.777 millones de dólares; sin embargo, terminó costando 8.326 millones, descontando financiamiento e intereses.

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La Contraloría pudo determinar que de los USD 4.500 millones adicionales, por lo menos USD 3.500 millones se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad que fue persistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas.

Al respecto, los miembros de la junta directiva de Reficar emitieron un comunicado en el que indican que respetan el fallo de la Contraloría, aunque lo califican de "contradictorio con las conclusiones a las que arribó la Procuraduría General, después de 8 años de profundas investigaciones en las que destacó la actuación diligente y acertada de los miembros de Junta Directiva".

"La Contraloría atribuye responsabilidad fiscal bajo el argumento de haber incumplido con una expectativa de rentabilidad que se calculó con base en un costo inicial del proyecto absolutamente subestimado por parte de la firma contratista CB&I", añaden.

Por esta razón, dicen que apelarán el fallos y que recurrirán "a otras instancias para revertir" la decisión.