Contraloría imputa responsabilidad fiscal por $2.914 millones a senador Didier Lobo

La Contraloría General dela República imputó responsabilidad fiscal, por un detrimento patrimonial de $2.914 millones de pesos, contra el senador electo y exalcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar), Didier Lobo Chinchilla.

La decisión se toma por los altos sobrecostos que pagó su administración en un contrato de alimentos que, además, fue financiado con recursos de regalías.

Según el organismo de control, las irregularidades que dieron lugar a este proceso fueron determinadas en una auditoría, que revisó la ejecución de un contrato del 3 de diciembre de 2012 que suscribió el municipio de La Jagua de Ibirico con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, por $15.295 millones.

El informe de la Contraloría destaca que el fin de dicho contrato era el suministro durante 18 meses de paquetes nutricionales para la recuperación de niños y niñas desnutridos y/o en riesgo de desnutrición y de madres gestantes o lactantes, en este municipio.

"Los sobrecostos en la ejecución del contrato se dieron como consecuencia de que el municipio de la Jagua de Ibirico realizó un estudio de mercado deficiente, que sólo tuvo en cuenta los precios ofertados por las grandes superficies sin tener en cuenta los valores de los demás agentes del mercado (pequeños intermediarios y graneros)", señaló el informe.

La auditoria de la Contraloría evidenció que "la administración no determinó los precios promedio reales del mercado y pagó de más por productos como harina de maíz, lenteja, fríjol rojo, espagueti, fideos, arroz blanco, aceite vegetal, alimento infantil fortificado, leche entera, atún, avena instantánea y en hojuelas, suplemento multivitamínico, complemento de panadería, azúcar, malteada instantánea, chocolate y sal".

Igualmente, señaló que "por el mismo hecho, los sobrecostos que se dieron al adquirir víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche”.

El organismo también le imputó responsabilidad fiscal, contra la Secretaria de Salud municipal de la época, Cenith Echavez Ospino, y los integrantes de las empresas contratistas Corporación Gestión del Recurso Social y Humano (GERS), Industrias Alimentos y Cathering Catalinsa  S.A.S., además de la Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos.

Y por defectos de calidad de los productos adquiridos, se profirió imputación por $1.462 millones en contra de la citada exfuncionaria en su calidad de supervisora del contrato y los integrantes de la firma contratista antes mencionados, sostuvo la entidad.

Frente a las deficiencias en la calidad de los productos, la Contraloría señala que "se entregó margarina, aun cuando de conformidad con la ficha técnica establecida por el municipio se había solicitado mantequilla. De igual forma, la avena instantánea que se entregó no cumplía con la norma técnica nacional establecida".

Finalmente, advirtió que estas irregularidades no fueron dadas a conocer por el contratista, lo que conllevó a que se entregaran productos que no cumplían con la calidad exigida, lo que también generó un daño al patrimonio del Estado.