Corte Constitucional pide investigación por posible desfalco a la salud en Córdoba

La Corte Constitucional pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría investigar posibles recobros por parte de la IPS Funtierra, ubicada en el departamento de Córdoba, en la prestación del servicio de salud y tratamiento a menores de edad y jóvenes que padecen problemas cognitivos y sensoriales.

La Corte descubrió posibles irregularidades al revisar 37 tutelas de menores que pedían los tratamientos a sus EPS, recetados por médicos particulares.

Llamó la atención que solo una de esas tutelas fue interpuesta por la IPS contra la Secretaría de Salud de Córdoba, exigiendo mantener su condición de proveedor de los costosos servicios de salud, entre los que se encuentran equino terapias, terapias asistidas con perros, musicoterapia, y terapias Halliwick.

Según pudo constatar la Corte Constitucional, por concepto de servicios prestados a menores de edad con fundamento en órdenes impartidas por jueces de tutela, “Funtierra Rehabilitación IPS facturó y recibió de la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba la suma de $16.280.261.121 entre enero de 2014 y abril de 2016”.

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Llama la atención que la IPS exigió a la Gobernación mantener su condición de proveedor de las terapias a 500 niños y que ganando tutelas logró que en 2014 se consignaran a su favor $7.978.663.609 de pesos.

“Luego de gestionar acciones de tutela se convirtieron en los proveedores de los tratamientos y de los servicios complementarios de transporte y alimentación, con cargo a la entidad territorial y sin intervención de la EPS. Bajo ese mecanismo, en el año 2014 este centro de salud recibió una suma de $7.978.663.609, y cobró mensualmente la suma de $4.000.000 por cada niño tratado”, dijo la Corte.

La Corte también descubrió que la mayoría de acciones de tutela de ese tipo se interponen en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Guajira y Sucre y que casi en todos los casos no son interpuestos por los padres de los menores con el problema de salud.

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“Los padres de familia manifestaron que desconocían que se hubiesen interpuesto amparos constitucionales en su nombre, aseguraron que su intervención en el trámite judicial consistió en “firmar unos papeles” y en presentar copia de su cédula de ciudadanía y de la tarjeta de identidad o del registro civil del paciente en la IPS”, dijo la Corte.

El alto tribunal también advirtió que previamente a “las acciones de tutela presentadas ante el juez promiscuo de Piojó, Atlántico, un mismo profesional de la salud prescribió las mismas terapias a siete niños con patologías disímiles, todo ello en el transcurso de un día”.

La petición de investigación también fue elevada la Superintendencia Nacional de Salud, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Tribunal Nacional de Ética Médica.