Corte Suprema condena a exgobernador de Sucre por irregularidades en contratos

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, dictó sentencia condenatoria contra Jorge Carlos Barraza Farak, exgobernador del departamento de Sucre, imponiéndole una pena de seis años y medio de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, vinculado a la firma de contratos irregulares para la dotación de material escolar durante su gestión entre 2010 y 2011.

Además de la pena privativa de libertad, la Corte ha determinó una multa equivalente a 285.04 salarios mínimos legales mensuales, así como una inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de 93 meses y 22 días.

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Barraza Farak fue hallado responsable de autorizar varios contratos con valores que superaban los $700 millones cada uno, beneficiando a la empresa Los Tres Editores S.A.S., que fue seleccionada sin un proceso competitivo adecuado.

La Fiscalía, en su argumentación, destacó que los contratos se celebraron sin la verificación de las condiciones legales necesarias, lo que constituyó una grave violación a la normativa vigente.

Por s parte, la Corte Suprema ha ordenado la captura inmediata de Barraza Farak, quien no podrá acogerse a prisión domiciliaria debido a la gravedad de los delitos cometidos.

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Este aspecto del fallo subraya la intención del sistema judicial de aplicar una justicia efectiva y ejemplarizante frente a casos de corrupción que afectan la confianza ciudadana en las instituciones.

Cabe resaltar que, a pesar de la condena, el exgobernador tiene la posibilidad de apelar la decisión ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Esta instancia podría revisar los fundamentos del fallo y determinar si se han respetado los derechos del condenado durante el proceso judicial.

La sentencia contra Barraza Farak se produce en un contexto en el que la lucha contra la corrupción y reabre el debate sobre la necesidad de implementar mecanismos más robustos para la supervisión y control de los recursos destinados a la educación y otros sectores críticos.