Corte Suprema y Fiscalía defienden la reforma a la justicia en el Congreso

El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, defendieron ante el Congreso de la República el proyecto de reforma a la justicia que será discutido en el Senado. 

El presidente de la Corte Suprema defendió el proyecto, específicamente los puntos que hablan sobre condenas a violadores de niños, afirmando que el 70% los casos de la Sala de Casación Penal corresponden a delitos contra menores de edad. 

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“Es un dolor profundo que evidenciamos todos los miércoles, que nos corresponde conocer de la cantidad de proyectos que llevamos a sala, el 70% de los procesos está relacionado con delitos cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes, y su mayor incidencia son los delitos que afectan la libertad e integridad sexual de estos menores”, aseguró Chaverra

Afirmó que el caso de Sofia Delgado genera un dolor “profundo”, debido a que además de administrar justicia, los magistrados de la Corte Suprema son padres de familia.

“Eso es un dolor constante. Lo que ocurrió el viernes nos llena de profunda tristeza porque somos administradores de justicia, pero también somos padres de familia, pertenecemos a un conglomerado social y todo ese tipo de ataques contra la libertad, contra la dignidad sexual de los menores realmente nos afecta”, añadió el magistrado. 

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Chaverra afirmó que hay muchas barreras para adelantar casos de delitos contra niños, lo que complica el testimonio de la víctima. Además resaltó que esa demora beneficia la prescripción, permitiendo la libertad de los acusados y que se registren casos como el de Sofia Delgado.

“El juicio se adelanta a los 7 años de ocurrido el hecho, pasan múltiples factores que implican que las víctimas ya no acuden a declarar. Desaparecen, se esconden o llegan a la audiencia y se retractan, por muchas razones, porque no quieren ser revictimizadas, porque han reacomodado su vida, porque se tratan de menores de 3 años que ya tienen 11, 12 y ni siquiera ya se acuerdan del hecho”, afirmó el presidente de la corte. 

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó que solo el 5% de los casos de la justicia llegan a etapa de juicio, pero ese porcentaje tiene colapsado el sistema judicial. Destacó que imponer una pena es un mecanismo de retribución, reparación y reconstrucción de tejido social.

“A juicio llega si acaso el 5% de la delincuencia real que tenemos en el país, y ese 5% tiene colapsados a los jueces. Y nosotros lo que necesitamos es repensarnos muy bien cuál es el sistema de justicia que tenemos, la pena es retribución, sí, claro, la pena es retribución, pero la pena también es resocialización”, afirmó Camargo

El magistrado también explicó que las penas altas a investigados por delitos contra menores, no son el mecanismo para disuadir al procesado a reconocer su responsabilidad en el delito.