Denominados magistrados 'eternos' deben dejar el Consejo Superior de la Judicatura

La Corte Constitucional se pronunció sobre la interinidad de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que debe desaparecer por la creación de la Comisión de Disciplina Judicial. 

Fuentes de la Corte señalaron que la decisión fue unánime, “por bloqueo institucional e inconstitucional a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, lo que lleva a que “deben salir de inmediato de sus cargos” los magistrados que ya cumplieron su periodo, como Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón.

Esa fue la conclusión de la Sala Plena de la Corte Constitucional que estudió y falló una tutela, a favor del Consejo Superior de la Judicatura, para iniciar el proceso de conformación de ternas, con el fin de reemplazar a esos magistrados que ya cumplieron su periodo en la corporación.

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Sanabria y Garzón llevan 12 años en sus cargos, a pesar de que el periodo constitucional de un magistrado es de ocho. Ambos habían llegado a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el 2008 y habían terminado su periodo en el 2016.

Sin embargo, continuaban en el cargo, dado a que el Congreso no ha expedido una ley estatutaria que regule la creación de la Comisión de Disciplina Judicial, que es el órgano que reemplazara a la Sala Disciplinaria de la Judicatura.

También se pudo confirmar que los magistrados, Camilo Montoya Reyes, Fidalgo Javier Estupiñán y Magda Victoria Acosta, están nombrados desde el 2016, pero en provisionalidad.

Con la decisión que toma la Corte Constitucional, se aprueba un acuerdo que firmó el Consejo Superior de la Judicatura para integrar las ternas y así elegir a los magistrados que entrarán a reemplazar a Sanabria y Garzón y posiblemente a los demás.  

En enero, el Consejo de Estado hizo un llamado al Gobierno para que presente siete ternas al Congreso de la República, con el fin de elegir a los magistrados que deben integrar la Comisión de Disciplina Judicial que se creó en 2015.

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La preocupación del Consejo, que sigue latente, radicaba en que los magistrados que actualmente están en esa sala continúan en el puesto, a pesar de que ya cumplieron su periodo constitucional y debían dejar la corporación.