Denuncian 'carrusel' de terrenos baldíos en el Vichada

 

En la Fiscalía General de la Nación ya reposan estas denuncias sobre el posible carrusel de adjudicación de terrenos baldíos en el Departamento del Vichada.

 

El funcionario del Incoder en el departamento del Vichada, Édgar Cabrera aseguró que políticos como la representante a la Cámara y madre  de la diputada Natalia Rodríguez Oros y el exgobernador del Vichada, Andrés Espinosa adjudicaron de manera irregular terrenos que no tienen título con el fin de supuestamente apoderarse de ellos.

 

Funcionarios de la seccional del Incoder en Liquidación pusieron en conocimiento de la Fiscalía una denuncia con evidencias de lo que ellos mismos llaman “cartel de adjudicación de terrenos baldíos en el departamento del Vichada”.

 

Un esquema que involucró adquisiciones y adjudicaciones de cerca de un millón de hectáreas de terrenos baldíos en ese departamento “sin el cumplimiento de requisitos legales” y además “desplazamiento de campesinos”.

 

 

Édgar Cabrera Flórez, Profesional Grado 13 de la Dirección Territorial Vichada Incoder en Liquidación instauró la denuncia que involucra a Otón Nelson Santrich, profesional especializado Grado 15; José Maria Polo, funcionario que fue enviado desde el Nivel central por Mirian Villegas, en su momento gerente general del Incoder; y la entonces directora territorial del Incoder (2009 – 2013) y actual representante a la Cámara por Vichada, Nery Oros Ortiz.

 

En la denuncia se especifica que desde 2009 hasta 2013, mediante trámites realizados por la entonces directora territorial Nery Oros, en los municipios vichadenses de Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo y Puerto Carreño se adelantó la adjudicación de baldíos a varios solicitantes mediante “artimañas para favorecer a los más apoderados del Vichada, como es el tal caso de favorecer al ex gobernador Andrés Espinoza, al cual le adjudicó 300 hectáreas correspondientes al predio la Bendición en La Primavera”; hoy en día, según la denuncia, “hay hasta pista de aterrizaje y los títulos de alrededor de ésta fueron adjudicados a nombre de sus hermanos y el conductor, realizando desplazamientos a campesinos de la región, con el fin de apoderarse de las tierras”.

 

Igualmente se denuncia que se “les título bienes baldíos de la Nación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos, en la Ley 160 y se acusa Oros, Santrich y Polo de cobrar entre quince y cuarenta millones de pesos por cada trámite de titulación de baldío”. Además que “se les exigía la mitad de la tierra que los campesinos solicitaban para que les titulara, sin el cumplimiento de los requisitos, en el departamento del Vichada. Titularon terrenos que fueron recuperados por el Incoder y sin importar que estos fueron recuperados estos fueron titulados”.

 

Sin embargo, el mismo denunciante advierte persecución en su contra. Esto porque Norma Vaquero Díaz, procuraduría regional del Vichada, ordenó al Incoder suspenderlo inmediata y provisionalmente por tres meses por supuestas “quejas instauradas por particulares y por sus propios compañeros debido a conductas calificadas como 'gravísimas': presunta extracción y modificación de folios en los cuales se habría falsificado la firma de una alta empleada del Incoder, evidencia de adulteraciones y falsificaciones en sus hojas de vida e irregularidades en la adjudicación de tierras. Adicionalmente, se indagan millonarios desembolsos en proyectos productivos que no presentan soportes de cotización ni entrega de los bienes contratados a los beneficiarios”.

 

Además, se acusa al funcionario denunciante de “permitir el acceso a los expedientes del instituto por parte de personas ajenas que manipulan la documentación de manejo exclusivo del Incoder. Paralelamente se indaga la adjudicación de tierras a personas que no cumplen requisitos de ley”.