Denuncian a exfiscal Montealegre por contratos con Natalia Springer

El abogado Guillermo Rodríguez instauró una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, contra el exfiscal Eduardo Montealegre, por presuntas irregularidades en materia de contratación durante su gestión.

Según el denunciante, hay suficientes elementos de prueba que implicarían a Montealegre Linnet, con la supuesta comisión de delitos, como peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Asimismo, sostuvo que durante la administración de Montealegre varios principios clave de la contratación estatal fueron violados como la transparencia y la selección objetiva.

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“Especialmente, en contratos multimillonarios entregados a una compañía de la señora Natalia Springer, sin la debida precaución y observancia a principios propios de la contratación estatal”, dijo Montealegre.

En este caso, también se vulneraron otros principios de la contratación como la igualdad, la planeación, la omisión al deber de planeación.

En la denuncia, se cuestiona además la compra, en el año 2015, de “una aeronave Bombardier Learjet – 60, modelo 2007, por el valor de 13 millones de dólares”, pese a que en el mercado el valor de este tipo de medios de transporte oscilaría entre los dos y los cinco millones de dólares.

El abogado señaló que a la denuncia fueron adjuntada varías pruebas de estas actuaciones aparentemente irregulares, tras obtener copia del contrato y la modalidad contractual.

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De igual forma, el jurista manifestó que durante su gestión, el exfiscal Eduardo Montealegre supuestamente incrementó de manera antijurídica la planta personal de ese organismo, en 4.398 cargos.

Agrega la denuncia interpuesta ante la Comisión de Acusación que, ante los hechos advertidos en materia de contratación, se requiere que se le vincule formalmente a investigación al exfiscal Montealegre y lo cite a responder en diligencia de indagatoria.

Esta acción judicial se produjo poco después de que el exfiscal Montealegre y el exvicefiscal general, Jorge Perdomo, denunciaran al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de lesa humanidad cometidos en la masacre de las poblaciones de El Aro y la Granja, en el municipio de Ituango (Antioquia), en 1996 y 1997.