Desapariciones forzadas: MinJusticia presentó iniciativa para mejorar respuesta de casos

La ministra de Justicia Ángela María Buitrago Ruiz radicó ante Ruth Luengas, jefe de sección de Leyes del Senado de la República, un proyecto de ley con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el caso de Arles Edisson Guzmán Medina, quien fue desaparecido el 30 de noviembre de 2002, en Medellín, durante la operación Orión.

El proyecto de ley propone la creación de una causal de falta disciplinaria, cuyo fin es actualizar el ordenamiento jurídico colombiano, adaptándolo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En particular, se busca garantizar que no se repitan graves violaciones de derechos humanos como las que se han evidenciado en el pasado.

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Para cumplir con este objetivo, la iniciativa legislativa plantea insertar en el Código General Disciplinario una causal de falta disciplinaria gravísima, destinada a responder de manera efectiva ante posibles incumplimientos u omisiones en los deberes establecidos por la ley y la Constitución.

La ministra Buitrago destacó que la propuesta incluye como falta disciplinaria gravísima la omisión, el retraso o la falta de cumplimiento de las órdenes inmediatas en la búsqueda de personas desaparecidas.

"Este proyecto de ley representa un avance en la exigibilidad de la búsqueda inmediata en casos de desaparición forzada, lo que habría hecho una gran diferencia en el número de desaparecidos en Colombia, que superan los 120.000, y sobre los cuales aún no existen acciones inmediatas y contundentes", aseguró la ministra.

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La sentencia de la CIDH, dictada en agosto de 2023, estableció que el Estado colombiano es responsable de la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina y señaló la violación de los derechos de Guzmán Medina y sus familiares, tanto en lo relacionado con las garantías judiciales como con la protección judicial.

Además, se reconoció la vulneración del derecho de los familiares a conocer la verdad, a la integridad personal y a la protección de la familia.