Detención domiciliaria a patrullero implicado en homicidio durante protestas del 9 de septiembre

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra otro patrullero que fue detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de un ciudadano, en los desmanes del pasado 9 de septiembre, ocurridos en Soacha (Cundinamarca) en medio de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez en un CAI de Bogotá. 

Se trata del patrullero de la Policía Nacional Óscar Alexander Márquez Rojas, quien fue capturado por agentes especiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cundinamarca de la Fiscalía General de la Nación.

La medida de aseguramiento fue ordenada ante los elementos de prueba recolectadas por los investigadores y presentados por la Fiscalía durante la audiencia pública.

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“Le fue impuesta una medida de aseguramiento, consistente en detención en su lugar de residencia, mientras que en juicio se resuelve su situación jurídica, por el delito de homicidio”, indicó la Fiscalía General.

De acuerdo con las pruebas técnicas y las valoraciones de balística, se advierte que este uniformado fue quien al parecer accionó su arma de dotación en contra de la víctima, en los hechos ocurridos cerca de la estación de Policía del barrio Ciudad Verde, en Soacha (Cundinamarca).

El fiscal delegado recordó que en esta fecha, la comunidad arremetió contra las instalaciones de varias estaciones y CAI de la Policía en ese municipio de Cundinamarca, así como en Bogotá.

De otra parte, el juez 59 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, negó la solicitud de enviar el proceso que se adelanta contra el patrullero Jhon Antonio Gutiérrez, por el homicidio de dos personas entre ellas un menor de edad a la Justicia Penal Militar. 

Los hechos se registraron en medio de los disturbios, por la muerte del ingeniero aeronáutico y estudiante de derecho, Javier Ordóñez.

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El funcionario judicial,  sustentó su decisión en que la defensa del uniformado no justificó adecuadamente las razones por las que consideró que existía un conflicto de competencias y por ende debía pasar a la Justicia Penal Militar.