Disidentes de las Farc podrían perder sus esquemas de la UNP: esto dice la demanda

El Consejo de Estado admitió estudiar una demanda que pide retirar los esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a integrantes de las disidencias de las Farc. 

El recurso fue presentado por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), debido a las amenazas que habrían recibido los miembros de esa organización por parte de alias 'Calarcá', cabecilla de una de las disidencias.

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El accionante alega la situación de su seguridad debido a que la UNP dispuso de esquemas de seguridad para los integrantes de esos grupos armados, por lo que esos recursos como vehículos, gasolina, armas y personal, pueden empeorar las condiciones que ponen en riesgo la vida de los líderes sociales. 

"La UNP está brindando medios de protección estatales a alias Calarcá y otros mandos del Estado Mayor Central de las Farc, tales como camionetas blindadas, armas, chalecos antibalas, suministro de combustible, hombres de protección (...) lo cual significa un aumento de las capacidades de daño y ataque contra la población civil con recursos estatales, lo que pone en grave riesgo mi vida e integridad personal", señala uno de los apartes de la demanda. 

Una de las peticiones del demandante, es que se ordene el retiro los esquemas de seguridad que tiene dispuestos la UNP para los integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias. 

"Ordenarle a Augusto Rodríguez Ballesteros – Director Unidad Nacional de Protección – UNP, suspender toda decisión de medios como camionetas, armas, chalecos y hombres de seguridad y protección para los miembros del Estado Mayor Central de las FARC EP", menciona la decisión. 

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En el recurso también se pide que se levante la suspensión de las ordenes de captura contra varios disidentes, entre los que aparece alias Firu, uno de los capturados mientras se movilizaba en camionetas de la UNP y que se suspenda temporalmente el cese al fuego entre el Gobierno y las disidencias. Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó estas peticiones por considerar que no comprometen la seguridad de los líderes sociales.