Ecopetrol responde ante posible demanda por el 'cartel de los helicópteros'
Ecopetrol recibiría una demanda de abogados estadounidenses por una licitación que involucra helicópteros.
![Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol](https://files.lafm.com.co/assets/public/styles/img_node_706x392/public/2024-03/ricardo-roa.jpg.webp?VersionId=xGBMRILP_oMLr_oGMDyvhPIwtd5ZdTtU&itok=LVPu-DlB)
Ecopetrol afirmó este miércoles que no ha recibido ninguna reclamación oficial, luego de trascender que podría ser demandada por abogados estadounidenses.
Esto en medio de una licitación que involucra servicios de helicópteros. “Las labores anunciadas por estas firmas no se han concretado en ningún tipo de reclamación ni requerimiento legal para Ecopetrol”, señaló la petrolera antes de reiterar no haber sido “notificada de actuaciones legales en su contra por este concepto. Por tanto, a la fecha no se ha configurado un hecho relevante para comunicar al mercado”.
Su pronunciamiento llegó en el marco de pliegos que formuló la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a los trámites de contratación del servicio de transporte aéreo entre 2013 y 2023.
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Según esa entidad, en su evaluación del proceso de selección, halló dos requisitos que consideró pudieron no ser ‘justificables’ y que habrían limitado la participación de proponentes que compitieran con la empresa Helistar.
Ecopetrol añadió que “el proceso de la SIC, fue publicado como información relevante el 10 de mayo de 2024”. Además, señaló que, junto a sus “subordinadas, darán respuesta al pliego de cargos dentro de la oportunidad procesal establecida, hecho que será publicado por medio de información relevante, una vez tenga ocurrencia”.
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La demanda, que podría llegar de abogados estadounidenses, abarca una compensación tras la baja en el precio del recibo de depósito americano (ADR).
De acuerdo con la SIC, se hizo análisis a seis procesos de selección en la prestación de transporte aéreo. En conjunto estos representaron recursos por un valor superior a los 417.000 millones de pesos.
La polémica se suscitó ante la supuesta restricción de la libre competencia. “El acto administrativo con el que se inicia la investigación no constituye una decisión definitiva”, aclaró la SIC.