El caso de Nicolás Petro tendrá una nueva etapa tras su cierre en la Procuraduría

Fuentes cercanas a la investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación contra Nicolás Petro, le revelaron a La FM que ésta finalizó. No obstante, el proceso continúa en otra etapa.

Se conoció, además que la defensa del exdiputado del Atlántico tendrá 10 días para presentar los alegatos precalificatorios; posteriormente, la Procuraduría de Instrucción deberá pronunciarse si pasa, será el propio Ministerio Público, el encargado de imponer posibles sanciones. 

Cabe mencionar que, en 2023 el Ministerio Público abrió una indagación contra el hijo mayor del presidente de la República, tras las declaraciones de Day Vásquez, su expareja sentimental, quien lo señaló de presuntamente recibir dineros irregulares para financiar la campaña presidencial 2022.

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“Ordené a mi equipo disciplinario apertura inmediatamente indagación o investigación, de acuerdo con las circunstancias, a Nicolás Petro por ser un servidor público”, aseveró la Procuradora Margarita Cabello en su momento.

En ese momento, Petro Burgos, se desempeñaba como diputado del departamento.

De esa forma, el ente de control exigió la práctica de pruebas documentales y testimoniales, para establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, para determinar si constituían faltas disciplinarias y el posible perjuicio causado.

Asimismo, la Procuraduría delegada de instrucción en Barranquilla, le pidió a la Registraduría que remitiera el certificado electoral que avalara la elección de Nicolás Petro como diputado para 2020 a 2023, incluyendo el partido al que pertenecía 

Entre tanto, al Consejo Nacional Electoral le solicitó una certificación para determinar si el hijo mayor del Jefe de Estado aportó dinero a la de Gustavo Petro y, el monto de los posibles recursos.

No obstante, en marzo de este año, a través de un documento remitido al Ministerio Público, Nicolás Petro, le solicitó archivar el proceso que se adelanta en su contra. Su defensa argumentó que la Procuraduría no tenía facultades para investigar y sancionar a servidores de elección popular.

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Asimismo, indicó, en su momento, que no se demostró el origen ilícito de los fondos que obtuvo el exfuncionario.