El plazo que tiene el presidente para intervenir cárceles del país ante vulneración de derechos

La Corte Constitucional le dio ocho días de plazo al presidente Iván Duque para que ordene al Ministerio de Justicia y al Inpec entregar información y permitir visitas con cámaras a las cárceles para verificar el estado de reclusión en el que se encuentran las personas privadas de la libertad.

La Corte tiene información sobre una posible obstrucción por parte de esas entidades en el marco del seguimiento a la sentencia que declaró la vulneración masiva de derecho de los reclusos o un Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria.

La Comisión de seguimiento a esa sentencia y la Defensoría del Pueblo le informaron a la Corte que el Inpec no les permitió ingresar a las cárceles con cámaras de video, audio y fotos para registrar las condiciones de vida de los internos y que el Ministerio de Justicia no les entregó información sobre el mismo tema.

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La respuesta del Ministerio fue que esa responsabilidad le corresponde al Inpec, y esa entidad respondió que es competencia de cada director de cárcel permitir esos ingresos.

Para la Corte esas respuestas representan una obstrucción a su labor y el cumplimiento de las órdenes judiciales en busca de superar la crisis carcelaria.

“La postura del Ministerio muestra indiferencia y desinterés por la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, por el seguimiento que adelanta la Corte y por la superación del Estado de Cosas Inconstitucional. configuró un bloqueo institucional que entorpece la función que realiza este Tribunal (…) demuestra que la entidad desconoció las órdenes de la Corte y no se reconoció a sí misma como destinataria de dichas obligaciones”, dijo la Corte sobre las respuestas de esas entidades.

En consecuencia, la Corte compulsó copias a la Procuraduría para que adelante investigaciones disciplinarias contra funcionarios del Ministerio y el Inpec.

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“Persisten obstáculos para el ingreso físico y virtual a los centros carcelarios por parte de los actores del seguimiento. Lo anterior, por la ausencia de una regulación específica para el acceso a la información en materia carcelaria y penitenciaria y el ingreso a los establecimientos de reclusión de los órganos de control y las entidades encargadas de realizar el contraste a los informes del Gobierno Nacional”, dijo la Corte.