Embargan acciones de Inassa en Triple A

La Fiscalía General de la Nación inició la segunda fase de la operación 'Acordeón', con la que busca destapar el escándalo por presunto desvío de recursos que eran de uso exclusivo para servicios públicos en la Costa Atlántica.

El fiscal Néstor Humberto Martínez anunció acciones por parte de esa entidad sobre la propiedad que actualmente tiene la multinacional Inassa sobre la empresa Triple A y la captura de varios directivos de ambas firmas.

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Martínez indicó que la empresa Triple A "fue saqueada desde el 4 de septiembre del año 2000, cuando se firmó el contrato de asistencia técnica con la multinacional Inassa".

Esta entidad confirmó que un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro, con fines de extinción de dominio, sobre las acciones de propiedad de Inassa en la Triple A, que corresponden al 82 por ciento del capital. 

"Este valor corresponde a 202 mil millones de pesos, que a partir de este embargo serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda. El otro 14.5 por ciento corresponde al Distrito de Barranquilla. Es decir, ya le fue notificado al Alcalde de la ciudad, para realizar el proceso con el Gobierno Nacional, de tomar la prestación del servicio de la empresa", indicó el Fiscal General de la Nación.

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El funcionario le hizo un llamado a la comunidad barranquillera para que este tranquila, debido a que no se verá afectado el servicio de agua potable para la ciudad.

Medidas de aseguramiento

La fiscal de conocimiento que lleva el caso resolvió la situación jurídica de varios directivos y exdirectivos de Inassa y Triple A y determinó medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, con la prohibición de salir del país, y una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes.

Esta sanción aplica para los exgerentes de Triple A, Francisco Olmos Fernández, Luis Fernando Arboleda, Carlos Ariza Duque, Ramón Navarro Pereira; los exgerentes de Inassa Luis Alberto Nicolella de Caro, Francisco Malia Baro y el actual gerente de Inassa,> Germán Sarabia Huyke.

Además se le impuso una caución de 20 salarios mínimos legales vigentes a otros directivos de nacionalidad española, como Carlos Roca García, Edmundo Rodríguez Sobrino y Alberto Muguiro Eulate, actual presidente ejecutivo de Inassa.

De acuerdo con el material probatorio, estos hechos ocurrieron entre los años 2000 y 2017, en los que se detectaron pagos fraudulentos a través del contrato de asistencia técnica, que causaron un detrimento patrimonial por 236 mil millones de pesos.