Enrique Vives: Defensa pide libertad, nulidad del proceso y atención psicológica
El pasado sábado el empresario fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
El abogado Alex Fernández Harding presentó el recurso de apelación en contra de la medida de aseguramiento en centro carcelario emitida el pasado sábado en contra del empresario Enrique Vives Caballero, procesado por la muerte de seis jóvenes en el sector de Gaira.
En su extensa intervención, el jurista aseguró que no existen méritos para que el empresario sea enviado a una cárcel puesto que siempre ha estado presto para atender las citaciones de la justicia y dar su versión de los hechos.
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En este sentido aseguró que en la diligencia del sábado –en la cual se resolvió la petición de la Fiscalía- la jueza primera de control de garantías de Santa Marta vulneró los derechos al debido proceso y a la legítima defensa de Vives Caballero.
“Solicito en esta apelación ordenar la libertad inmediata de mi defendido, la nulidad de un auto en el que existe una violación flagrante al derecho de la defensa, subsidiario a ello considerar la detención en el lugar de residencia, así como brindarle asistencia médica permanente al señor Vives, bajo el seguimiento y acompañamiento para la situación del estrés postraumático que presenta”, agregó.
Para el jurista, el delito de homicidio con dolo eventual debe ser modificado puesto que su cliente nunca tuvo la intención de causarle un daño a los jóvenes que caminaban por la vía. Frente a las víctimas, el abogado insistió en que actuaron de manera irresponsable puesto que estaban caminando por toda la vía sin utilizar la berma o el puente vehicular.
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“Invaden una calzada de vía rápida”, precisó en su intervención al señalar que violaron las normas de tránsito y pusieron en riesgo su vida y la de los conductores que transitaban por la zona en la madrugada del lunes 13 de septiembre: “fueron las víctimas quienes invadieron el carril”. En este punto señaló que pese a lo dicho por la Fiscalía en su imputación no hay estudio o prueba alguna que indique que el empresario manejaba con exceso de velocidad.
Fernández Harding cuestionó los resultados de la prueba de alcoholemia que tomaron los agentes de la Policía tras detener al empresario, cuestionando el hecho que nunca se validó que las mismas fueran tomadas de manera correcta, con los equipos funcionando perfectamente, el acta de procedimiento y con todos los protocolos exigidos.
Finalmente, aseguró que nunca se tuvo en cuenta el arraiga de su cliente, su vida familiar y social que solamente se puede calificar como ejemplar y el hecho que es un destacado emprendedor y generador de empleo en la región. Así como el hecho que quiso servirle a la comunidad aspirando al Concejo de Santa Marta.
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Vives Caballero se encuentra actualmente en una clínica de reposo en la capital del Magdalena. El empresario se declaró inocente del delito imputado por la Fiscalía General. La jueza de control de garantías avaló la medida de aseguramiento teniendo en cuenta que el empresario representa un peligro para la comunidad y puede evadir a la justicia.
Ahora será un juez de conocimiento de Santa Marta el que defina si deja en firme o modifica la medida de aseguramiento en contra de Vives Caballero.
Fiscal denunció amenazas del padre de Vives Caballero
Al comienzo de la audiencia, la fiscal auxiliar denunció que el domingo recibió una llamada a su teléfono personal de una persona que se identificó como el papá de Enrique Rafael Vives Caballero. El hombre la acusó de ser la responsable de todo lo que sucediera con su hijo.
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"Quiero dejar una constancia que el día de ayer a las 10:50 de la mañana, recibí una llamada de una persona que manifestó ser el papá de Enrique Vives (me reclamó) que no lo dejaban visitar a su hijo por lo que indiqué que estaba restringido. Me dijo que éramos responsable de lo que le pasara medicamente a su hijo (…) también dijo que la Fiscalía y la Procuraduría estábamos al servicio de los lacayos y de los políticos por lo que le pedí que respetará", expreso la delegada de la Fiscalía.
La funcionaria aseguró que esa comunicación tuvo un tono intimidatorio, hecho por el cual ya puso en conocimiento de sus superiores la situación.