Exagente del DAS se somete a la JEP tras aceptar responsabilidad en crímenes de lesa humanidad

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) aceptó el sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Giovanny Calderón Salazar, exagente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), bajo la figura de miembro "de facto" de la fuerza pública.

Aunque formalmente no pertenecía a las fuerzas militares, Calderón desempeñó funciones similares en operaciones conjuntas con las unidades militares.

Esta decisión, emitida por el magistrado José Miller Hormiga Sánchez, se tomó después de un proceso de contrastación de la información presentada por Calderón en una audiencia de seguimiento realizada en noviembre de 2024, en la que se abordaron diez hechos violentos ocurridos entre 2006 y 2008, relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.

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Durante la audiencia, Giovanny Calderón reconoció su responsabilidad en nueve de los diez hechos investigados, los cuales forman parte del Subcaso Tolima en la SDSJ. Estos crímenes afectaron a 17 víctimas directas de asesinatos y desapariciones forzadas.

En su proceso ante la justicia ordinaria, Calderón ya tenía dos condenas no ejecutoriadas por dos de estos crímenes, mientras que otros permanecían en etapa de indagación.

Además, los testimonios de Calderón fueron cruciales para esclarecer el modus operandi de los crímenes y la participación de actores como miembros del DAS, el CTI y la Fiscalía General de la Nación. Su colaboración permitió identificar cómo se cometieron los homicidios, la manipulación de las escenas del crimen y la posterior legalización de los asesinatos como bajas en combate. 

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Como resultado de este reconocimiento, Calderón fue beneficiado con la libertad transitoria, condicionada y anticipada, y se le levantó la orden de captura emitida en su contra por uno de los crímenes imputados, aunque debe seguir colaborando con la verdad y ayudar en la reparación de las víctimas. 

También se ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP identificar y ubicar a las víctimas indirectas de los crímenes en los que Calderón estuvo involucrado, incluyendo la realización de pruebas de ADN para determinar el parentesco de una hija póstuma de una de las víctimas.