Exconsejera presidencial Sandra Ortiz enfrentará juicio por su implicación en caso de corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra Sandra Ortiz la exconsejera para las regiones de la Presidencia por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. 

Con base en las investigaciones, en octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido la suma de 3.000 millones de pesos. Según los informes, este dinero provino de los exdirectivos de la Unidad de Gestión, Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla.

Además, se reveló que Ortiz Nova, al parecer, transportó y entregó dicha cantidad al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez, los cuales corresponderían al pago de coimas.

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Así mismo, el ente acusador presentó pruebas que catalogan como un esquema de corrupción en el que la exconsejera participó activamente, entre ellos, documentos y testimonios recopilados durante el proceso.  Indicaron que la entrega del dinero se realizó en un contexto de negociaciones ilícitas, donde se esperaba que los favorecidos obtuvieran beneficios a cambio de estos pagos.

La exfuncionaria fue señalada como "la mensajera" por permitir la entrega de millonarios recursos provenientes de la entidad.

Así mismo, la Fiscalía detalló en la audiencia preliminar que Olmedo López dijo que el pago que se le habría dado al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, fue organizado por Carlos Ramón González, quien en su momento era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). 

Actualmente, la exconsejera está privada de la libertad en una guarnición militar, aunque desde allí ha destacado que podría colaborar con la justicia. 

Por los resultados que se han obtenido, la Fiscalía amplió la investigación, con el fin de determinar si existieron más actores involucrados en este escándalo y se espera que el proceso judicial continúe su curso, mientras las autoridades trabajan para desmantelar redes de corrupción que afectan la confianza ciudadana en las instituciones.