Exsecretario ejecutivo de la JEP, a responder ante la Procuraduría

La Procuraduría General citó para el próximo 14 de noviembre a versión libre al exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa por presuntamente extralimitarse en sus funciones al ordenar la interceptación de correos electrónicos. 

Correa habría obtenido de manera irregular información sobre los proyectos que se adelantaban en el Ministerio de Justicia frente al proyecto de ley estatutaria de la JEP. El entonces secretario ejecutivo de esta jurisdicción especial habría dado indicaciones precisas para obtener estos datos a un grupo de funcionarios.

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Tras conocer la citación, Correa presentó un recurso ante el Ministerio Público alegando que por su cargo la compete para investigarlo es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, alto tribunal del cual fue magistrado durante varios años antes de ser delegado como secretario ejecutivo de la JEP.

Para el exmagistrado, ya existe un antecedente que demuestra que el órgano de control disciplinario no puede investigarlo, situación por la cual pide que se anule el llamado a versión libre y que todo el expediente que existe en su contra pase a la Judicatura.

La investigación preliminar contra Correa surgió tras unas denuncias presentadas por la presidenta de la JEP, Patricia Linares quien aseguró que Correa había obtenido de manera ilegal el intercambio de correos que realizó el entonces ministro de Justicia, Enrique Gil Botero con varias personas que tenían relación la jurisdicción especial creada tras el acuerdo de paz.

Pese a que el entonces secretario ejecutivo negó dichos señalamientos, la Procuraduría General recolectó una serie de evidencias que indicaban que se habría presentado una extralimitación de sus funciones al dar indicaciones precias para acceder a dicha información.

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En mayo pasado, la Procuraduría General suspendió por cinco meses de cualquier cargo público a Correa tras evidenciar que había dado permisos para salir del país a cuatro antiguos excomandantes de las Farc de manera irregular.

En este punto se señaló que existió una extralimitación de funciones puesto que se omitió la cadena regular para emitir estos permisos, ya que no se contó con el aval de la Presidencia ni de los magistrados de la JEP.

En el mismo fallo disciplinario se le ordenó el pago de 165 millones de pesos como multa.