Fiscal pide al Gobierno dejar en claro obligaciones de postulados a la JEP
Según el fiscal se debe precisar que a la luz de la Constitución, quien de los postulados a la JEP cometa un nuevo delito, debe perder todos los tratamientos especiales.
El fiscal general de la Nación, Nestor Humberto Martínez, envió una carta al ministro del interior, Guillermo Rivera en la que hace nuevos cuestionamientos y pide que se hagan nuevas precisiones en el proyecto de ley estatutaria de la JEP, frente a las obligaciones legales de los reinsertados y llamados máximos responsables postulados a la Justicia Especial para La Paz.
En la misiva el fiscal Martínez señaló que el reciente fallo de la Corte Constitucional fue muy claro que “ha quedado inequívocamente establecido que los excombatientes que se acojan a la Jep no pueden cometer un nuevo delito o de lo contrario, perderán todos los beneficios que consagra la ley.
Según el fiscal se debe precisar que a la luz de la Constitución, quien de los postulados a la JEP cometa un nuevo delito, debe perder todos los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías.
Sin embargo, asegura el fiscal que “el texto propuesto a la plenaria de la Cámara, propone un régimen potestativo de valoración en manifiesta contraria de la Corte Constitucional”.
También pide se precise que la justicia ordinaria debe asumir no sólo las investigaciones contra los desertores o disidentes sino sobre aquellos reinsertados que vuelvan a cometer nuevos delitos.
De igual forma, el fiscal general señaló que no puede quedar en este proyecto posibilidad alguna de impunidad para los graves crímenes.
Según el fiscal Martínez, el proyecto que entró a discusión en la plenaria de la Cámara se suprimió un paragrafo, que reserva la renuncia de la acción penal en favor de los máximo responsables.
“Lo que permitiría (...) que la JEP también puede exceptuar de responsabilidad penal a quienes cometieron graves masacres, violaciones, reclutamiento de menores, deserciones, entre otras.
El fiscal enfatizó que esta posibilidad teórica constituiría una impunidad absoluta para los más graves crímenes y desconocimiento total de los derechos de verdad, justicia y reparación de las victimas.
Agregó que esta posibilidad contemplada en el proyecto incluso activaría la competencia de la Corte Penal Internacional.
A continuación la carta que el fiscal general de la Nación, Nestor Humberto Martínez, envió al ministro del interior, Guillermo Rivera