Fiscalía amplió preacuerdos con implicados en el entramado de corrupción de la UNGRD

Los principales implicados del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) firmaron preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación, y aceptaron su culpabilidad en el saqueo de los recursos públicos. 

De acuerdo con la Fiscalía los estos principios de oportunidad quedaron de la siguiente manera: 

El exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, acepta cargos por concierto para delinquir y peculado por apropiación, pagará una pena de 7 años, 1 mes y 12 días de prisión. Además, reintegrará la suma de $724 millones de pesos.

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El exsubdirector de la Unidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, aceptará los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación y acordó una pena de 6 años, 6 meses y 9 días de prisión, además de un reintegro de $618 millones de pesos.

El contratista Luis Eduardo López Rosero, responderá por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento público y  privado, pagará una condena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión. Además reintegrará $7.722 millones de pesos.

En tanto, el exasesor de la Unidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo, tendrá una pena de 4 años, 10 meses y 19 días por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, además de reintegrar $1.000 millones de pesos.

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Otro de los involucrados, el exdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva, será condenado a 3 años, 7 meses y 13 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación y soborno, debe reintegrar $150 millones de pesos.

Finalmente, Édgar Eduardo Riveros Rey, el abogado que intentó comprar el silencio de Sneyder Pinilla, aceptó su responsabilidad por el delito de soborno, pagaría una pena de 5 años y 3 meses de prisión.

Los detalles de los preacuerdos serán socializados con las víctimas en el transcurso de la semana. Posteriormente, estos acuerdos serán presentados ante el respectivo juez de la República para su aprobación.