Fiscalía continúa imputando cargos a exfuncionarios de Daniel Quintero

Este miércoles 9 de octubre, se desarrolló una nueva audiencia en Medellín por posibles hechos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero. En esta oportunidad el caso corresponde a la construcción del hangar o una bodega en el Parque de las Aguas.  

En total fueron seis exfuncionarios de la administración de Quintero: María Eugenia Domínguez Castañeda, quien se desempeñaba como Gerente General de Metroparques, Viviana del Valle Velásquez, Jefe de Compras de Metroparques, Carlos Augusto Jaramillo Villareal, Secretario General de Metroparques; César Augusto Chavarría Munera, Jefe de la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) de Logística de Eventos de Metroparques; Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques; Laura María Mejía Higuita, Líder de Programa de la Unidad Logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la representante legal de Constru Americana, Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.  

Le puede interesar: JEP y Gobierno unen fuerzas para definir la hoja de ruta del tribunal

Así mismo, durante la audiencia indicaron que el delito de peculado por apropiación lo estimó la Fiscalía General de la Nación por cerca de mil novecientos millones de pesos.  Recordemos que la denuncia la realizó en su momento la veeduría Todos por Medellín por un posible carrusel de la contratación.

Con este, ya son cinco los casos imputados por presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero, cuatro de ellos corresponden a Metroparques. 

Vea también: Amplían denuncia por prevaricato contra magistrados del CNE por el caso Petro

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez celebró en su cuenta de X los procesos que adelanta la Fiscalía, manifestando que, “¡Justicia para Medellín! La Fiscalía ha imputado ante un Juez a la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro Zuleta. Los imputan por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado. Esto evidencia el entramado de corrupción y el interés de direccionar contratos por más de $20.000 millones”.