Fiscalía investiga irregularidades en contrato de la Secretaría de Salud de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación reveló que investiga irregularidades en un contrato de la Secretaría de Salud de Bogotá del que se habría beneficiado la exfuncionaria  de esa entidad Pilar Alexón Contreras Erazo quien fue capturada por estar implicada con graves hechos de corrupción.

Según los investigadores la ex subdirectora de contratación de la Secretaría de Salud de Bogotá y su esposo Carlos Arturo Flores Carreño, se hicieron a un contrato de prestación de servicios por el cual la pareja recibían un pago mensual.

“Se evidenció que presuntamente la pareja continuó con su actividad delictiva en la Secretaría de Salud de Bogotá, donde habría utilizado un contrato de prestación de servicios a nombre de un tercero para que Flores Carreño, desde su residencia, trabajara directamente los temas de contratación de la entidad”, indicó la Fiscalía.

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Los fiscales también establecieron que “el valor del contrato era por 5 millones de pesos que eran entregados mensualmente a la pareja”.

La revelación de la Fiscalía se produjo en medio de la audiencia en la que un juez de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a prisión a esta pareja como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y concusión.

La investigación de la Fiscalía se relaciona con la posible materialización de eventos de corrupción en cinco contratos en la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (Cenac) y uno en la Secretaría de Salud de Bogotá.

La Fiscalía delegada estableció que siendo asesora jurídica de la Cenac en Puente Aranda en Bogotá supuestamente direccionó cinco contratos por valor superior a los 3.000 millones, al parecer a cambio de millonarias dádivas.

“La funcionaria habría establecido junto con su esposo una empresa criminal entre septiembre y diciembre de 2017, que contactaba oferentes para entregar información privilegiada y reservada, brindar asesorías de manera ilícita, garantizar la adjudicación de contratos y, de ser necesario, gestionar prórrogas para el cumplimiento de los mismos”, informó la Fiscalía.

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Los contratos con las aparentes inconsistencias tuvieron por objeto la compra y venta de materias primas de intendencia, compra de repuestos, mantenimiento de vehículos y adquisición de uniformes militares.