Fiscalía revela nuevas pruebas por escándalo de corrupción en Contraloría de Antioquia

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer nuevas pruebas que comprometerían a la red de corrupción que, al parecer, lidera el contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña. 

Según la fiscal 28 seccional, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, entre las evidencias recopiladas en esta investigación se cuenta con la declaración juramentada de una fuente protegida, que aseguró que la Contraloría “ya parecía un directorio político”. 

En su versión, la fuente señaló que el gobernador de Antioquia y el exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador Luis Horacio Gallón Arango, supuestamente acordaron nombrar a la esposa de este último, Liz Margareth Álvarez Calderón, como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea). 

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Cabe recordar que Álvarez Calderón asumió el cargo el pasado 29 de enero, tras la renuncia de Mauricio Tobón Franco, hoy candidato a la Gobernación del departamento. 

En otra de las revelaciones, el testigo de la Fiscalía manifestó que el diputado Jaime Cano Martínez, del Partido Conservador, al parecer hizo negocios para cambiar las auditorías de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño. 

De acuerdo con el material probatorio que tiene la Fiscalía, el contralor Zuluaga Peña despachaba desde su casa en Cartagena mientras cumplía la sanción impuesta por la Procuraduría, de diez meses de suspensión en el cargo, por haber falsificado el título de doctorado de una universidad española con el fin de obtener puntos para acceder al cargo de jefe del ente de control fiscal. 

La funcionaria judicial dijo que en Vigía del Fuerte se hicieron denuncias, porque aparentemente la Contraloría pidió 30 millones de pesos para modificar los hallazgos en las auditorías, petición a la cual se negaron los funcionarios del municipio. 

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Asimismo, la representante de la Fiscalía afirmó que desde la Contraloría se hicieron negocios hasta por 100 millones de pesos para cambiar las auditorías. 

En medio de su intervención, la fiscal manifestó que la solicitud de medida de aseguramiento para los diez procesados por este caso la hará al finalizar su argumentación.