Funcionarios del Inpec son investigados por participar en 'cartel de beneficios' de la Picota

Un grupo de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) son investigados por las autoridades por presuntamente conformar un 'cartel' que cobraba dinero para otorgar beneficios a los privados de la libertad en los penales del país, especialmente en la cárcel La Picota de Bogotá. 

Al parecer, más de una docena de dragoneantes habrían participado en diversas actividades irregulares al interior de las cárceles, quiénes fueron descubiertos en un trabajo arduo entre el Inpec y su unidad investigativa y una delegación de la Fiscalía, liderada por el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez.

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Algunos de los objetos y beneficios ilegales que serían otorgados en un catálogo, consistirían en el ingreso de celulares, licor y drogas, pero también habrían pedido dinero a cambio de permisos especiales, el ingreso de visitas y prostitutas a la cárcel. 

Las autoridades avanzan en este proceso de investigación para identificar y desarticular el 'cartel' de funcionarios de la institución que ya están en la lupa de la unidad del Inpec que actúa en conjunto con la Fiscalía y agentes de Policía Judicial, para recolectar las pruebas y testimonios necesarios

Uno de esos testigos clave que tendrá el proceso es el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, de quien se habrían conocido algunos audios en los que habla de corrupción de algunos funcionarios en la cárcel La Picota. 

Algunas versiones señalan que dicha red estaría bien estructurada y conformada por integrantes de la institución que se habrían sindicalizado y aprovechado su condición para evadir los controles internos del Inpec. 

Pese a la situación, la entidad tendría registro de varias denuncias que han sido presentadas por otros dragoneantes sobre los actos irregulares que estarían siendo cometidos por sus compañeros. 

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Algunas de esas denuncias, además de detallar el mencionado catálogo que al parecer sería ofrecido a los reclusos, también contienen quejas por cobros de los sindicalizados a los otros funcionarios para hacer parte de los sindicatos con más influencia.