General (r) Humberto Guatibonza, cobijado con prisión domiciliaria

Las otras dos personas vinculadas al proceso por el desmantelamiento una presunta red dedicada a la interceptación ilegal y cobijadas con la medida judicial son Carlos Arenas y Julián Villarraga.

“El despacho considera que la medida de aseguramiento privativa de libertad en lugar de domicilio es la que predominantemente permitiría proteger esos bienes jurídicos tutelados en cabeza de la comunidad”, dijo el juez.

El argumento del juez se basó en asegurar que los tres implicados no utilizaron un software malicioso, que sí manejó la hacker María Alicia Pinzón Montenegro y los miembros retirados del Ejército, Jorge Humberto Salinas y el mayor Carlos Quiroga.

“Se muestra excesiva la solicitud de la medida de aseguramiento que ha hecho la Fiscalía General en cuanto a ese punto", consideró el juez.

Señaló que “si bien es cierto que también se consideró que los otros imputados que sirvieron como testigos, hablo de los coroneles, los oficiales retirados Salinas y Quiroga, si se encuentran restringidos de su libertad en establecimiento de reclusión", sostuvo el juez.

Según el representante de la Judicatura, la interceptación de comunicaciones se desarrolló con la herramienta que utilizaba "María Alicia Pinzón Montenegro y ese análisis en cuanto a la adecuación de la medida de aseguramiento, es el que permite escoger entre una de las proposiciones que ha hecho la defensa”.

Durante la diligencia, Jorge Armando Otálora, abogado del general Guatibonza, sostuvo que fue utilizado el nombre del uniformado para hacer negocios. "De esos escenarios se puede establecer que el nombre del señor general Guatibonza estaba siendo mal utilizado, estaba siendo usado, usufructuado por otras personas".

"Por esta razón y al hacer un análisis preliminar de la evidencia, no es lógico ni razonable pensar que una sola conversación pretenda afianzar a mi protegido en un concierto para delinquir”, manifestó el penalista.

Otálora, además, reveló que la Fiscalía hizo un allanamiento en la casa del general y que entre otras cosas, se llevaron el computador de su esposa y de su hija de 15 años.

Durante el proceso el fiscal del caso, Daniel Hernández, dijo que la organización ilegal había seguido a una fiscal y un juez.

“Se ordenó interceptar al juez 39 penal del circuito. Se solicitó con el fin de obtener información de un proceso judicial. Además se solicitó interceptar a la fiscal del caso Interbolsa con el fin de obtener información de carácter judicial” reveló el funcionario.

Según el representante del organismo investigador, el coronel retirado del Ejército Humberto Salinas, el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza y la denominada ‘dama’ de las interceptaciones, María Alicia Pinzón Montenegro, coordinaban con algunos clientes y socios la forma en que realizaban las interceptaciones ilegales.

El fiscal también explicó que para registrar a sus clientes tenían un orden, ya que marcaban las carpetas con nombres específicos de las labores ilícitas y que eso quedó demostrado al momento de la captura de  algunos integrantes de esta organización ilegal.

“A los tres se les capturó con los computadores abiertos, su señoría, y estaban trabajando sobre carpetas que María Alicia tenía atrasadas, sobre las cuales no estaba entregando su información o sus ordenes a tiempo", dijo.

El fiscal Hernández explicó que "eso, claramente, fue un punto importante para la Fiscalía porque logramos al momento de la incautación, no solo los equipos de María Alicia Pinzón, sino los equipos del coronel Salinas y del mayor Quiroga”.