Gobernador del Vichada fue condenado a siete años de cárcel por orden de la Corte Suprema

Hay expectativa en el departamento del Vichada luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena en contra de Alex Benito Castro actual gobernador de ese departamento, quien fue hallado responsable del delito de peculado por apropiación por irregularidades en el contrato N°. 164 de 2012 por un valor de 13 millones 719 pesos para la construcción de un puente sobre el Río Güichire cuando se desempeñaba como alcalde del municipio de Santa Rosalía.  

Pese a que el mismo mandatario dijo que aún no había sido notificado, se supo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 7 años y 9 meses de prisión impuesta al gobernador del Vichada Hecson Alexis Benito Castro por el delito de peculado por apropiación. 

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La decisión se tomó al revisar un recurso de impugnación especial que había presentado el mandatario local en contra de la decisión del Tribunal Superior de Villavicencio, que lo condenó en septiembre de 2023 y dispuso la privación de la libertad, así como una multa de casi 14.000 millones de pesos. 

La Corte Suprema confirmó la decisión tal y como venía del tribunal Superior de Villavicencio donde le fallaron en contra en segunda instancia. 

Su defensa hizo uso del recurso jurídico "impugnación especial" ante la Corte donde ratificaron la condena.  

"Para pagar la condena, Benito Castro deberá salir de la Gobernación, porque deberá ser capturado para cumplir la pena en centro carcelario", dijeron expertos penalistas.  

El mandatario fue hallado responsable del delito de peculado por apropiación por irregularidades en el contrato N°. 164 de 2012 por un valor de $13.719.876.87, para la construcción de un puente sobre el Río Güichire cuando se desempeñaba como alcalde del municipio de Santa Rosalía.  

Benito Castro y su entonces secretario de Planeación, fueron condenados a 93 meses de prisión, además de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la sanción privativa de la libertad y una pena de multa por el mismo valor del contrato.  

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La decisión de la Corte genera incertidumbre en la ciudadanía del Vichada porque se tendrán que enfrentar a nuevas elecciones.