Gustavo Bolívar fue citado a audiencia de pérdida de investidura por financiar la Primera Línea
La audiencia se adelantará el próximo 5 de octubre. El demandante, la Procuraduría y la defensa del senador presentarán sus argumentos.
RCN Radio conoció en primicia que el Consejo de Estado citó para el próximo 5 de octubre la audiencia de pérdida de investidura en contra del senador Gustavo Bolívar Moreno. En la diligencia el demandante, el representante de la Procuraduría y la defensa del congresista presentarán sus argumentos dentro de la demanda que pide la "muerte política" por financiar el grupo conocido como la Primera Línea.
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La investidura del senador fue demandada por supuestamente haber vulnerado el artículo 110 de la Constitución Política de Colombia que le prohíbe a los funcionarios públicos financiar o promover cualquier tipo de financiación a movimientos políticos o candidatos. Para el accionante, la 'Primera Línea' fue creada durante el Paro Nacional que inició el pasado mes de abril como un movimiento político para participar activamente en las protestas y manifestaciones en varias regiones del país.
En la acción judicial, radicada en julio pasado, se señala que el senador participó activamente en la búsqueda de financiamiento para los integrantes de este grupo. Para esto -según señalan varias de sus publicaciones en Twitter- abrió una convocatoria en una plataforma virtual para hacer una "vaca" para recolectar ayudas económicas.
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Los recursos recolectados habrían sido enviados por medio de la ONG Manos Limpias, la cual fundó Gustavo Bolívar. El demandante anexó una serie de facsímiles y facturas que permitirían evidenciar el movimiento del dinero recolectado en la plataforma ‘Vaki’.
El demandante considera que la Primera Línea es reconocido como un movimiento social y político hecho por el cual el senador de la 'Colombia Humana' actuó en contra de las prohibiciones establecidas en la Constitución Política y la ley.
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Por estos mismos hechos el senador enfrenta una investigación preliminar tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Procuraduría General.
El alto tribunal y el organismo de control disciplinario ya anunciaron la práctica de pruebas para determinar si existen o no elementos para abrir un proceso formal contra el congresista.