Asesinato de Carlos Enrique Areiza: Crimen pasional es la nueva tesis de la Fiscalía
El hombre es el falso testigo que declaró contra Luis Alfredo Ramos y que levantó una aguda polémica entre los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe.
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez reveló que actualmente el ente investigador maneja varias hipótesis frente a los hechos que rodearon el asesinato de Carlos Enrique Areiza, uno de los principales testigos dentro del complejo proceso que adelanta la Corte Suprema por presión a testigos para que declaran en contra del senador Iván Cepeda.
El jefe del ente investigador señala que según las pruebas recolectadas por el momento permiten inferir que el caso está relacionado con los problemas que tenía Areiza con bandas dedicadas a la delincuencia organizada en el municipio de Bello y una relación que sostenía con una mujer.
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"Carlos Areiza tenía muchos enemigos, tenía condenas por fraude procesal, tenía problemas con la banda de Los Pachelli", precisó Martínez Neira en rueda de prensa.La Fiscalía General evalúa los testimonios recolectados para aclarar el asesinato registrado el pasado 21 de abril en el centro de Bello (Antioquia).
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El director seccional de Medellín -reveló el Fiscal General- ha dicho que se investiga la relación personal con la dueña del establecimiento en el que justamente fue cometido el crimen.
"Inicialmente la señora le manifestó a los fiscales de Medellín no tener conocimiento del señor Areiza, pero se ha logrado esclarecer la presencia recurrente y diaria del señor Areiza en el local donde finalmente falleció y hay otra cantidad de evidencias que hablan de una relación de tipo personal".
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Por el momento, explicó, no se han descartado o confirmado ninguna de esas hipótesis. "Hemos hecho muchos interrogatorios, pero con la cantidad de enemigos que tenía cada interrogatorio es una línea de investigación".El Fiscal General aseguró que en repetidas oportunidad Areiza le manifestó a las autoridades que no quería ingresar al programa de protección. Igualmente, los otros dos testigos a los que la Corte Suprema ordenó proteger, Juan Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra le han manifestado a la Fiscalía que no tienen interés en estos programas.