Imputan cargos a militares retirados por presuntas irregularidades en convenio de transporte aéreo

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a tres militares retirados, por las supuestas irregularidades que se registraron en la ejecución de un convenio para garantizar el transporte aéreo de soldados que generó un supuesto detrimento patrimonial superior a 3.300 millones de pesos. 

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Ante un juez de Control de Garantías de Bogotá, el fiscal delegado de la Dirección Seccional le imputó los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público contra al teniente coronel José Domingo León Silva, al coronel en retiro Carlos Eduardo Leguizamón Díaz y al mayor en retiro Sigifredo Benjamín Bolaños Escobar. 

Según argumentó el delegado de la Fiscalía, las presuntas irregularidades ocurrieron en el marco del convenio de cooperación N° 16-054 suscrito el 9 de diciembre de 2016, entre el Ministerio de Defensa y la empresa Oleoducto Central S.A (Ocensa), por un valor de $3.331.198.332, por medio del cual se pretendía garantizar el transporte aéreo de soldados hasta por 126 horas de vuelo.

De acuerdo con esa entidad los militares retirados habrían incurrido en supuestas fallas al haber firmado el acta de recibido, advirtiendo que recibieron a satisfacción las horas de vuelo pactadas, sin que dichos traslados se hubiesen efectuado. 

"El material de prueba recopilado por la Fiscalía, evidenció que las planillas en las que se consignaron los planes de vuelo fueron entregadas por Helistar, una empresa distinta a la que figuraba en el contrato. Esta situación configuraría una falsedad, con la que presuntamente se obtuvo el pago de las horas de vuelo que no se realizaron", señaló la Fiscalía. 

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El concepto de la Aeronáutica Civil también fue considerado por la Fiscalía, pues en él se descubrió que los recorridos aéreos no coincidían con las rutas registradas. 

Finalmente, el delegado de esa entidad señaló que esas conductas presuntamente irregulares, generaron un detrimento patrimonial a las fuerzas militares por $3.331.198.332.