Investigan a jueces, fiscales y abogados del caso Ricaurte y Palacino

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó la apertura de investigación contra los jueces, fiscales y abogados por el vencimiento de términos que llevó a la libertad del exmagistrado Francisco Ricaurte, investigado por el cartel de la toga y a Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop.

El presidente de la judicatura, magistrado Pedro Alonso Sanabria, dijo que las investigaciones en la primera instancia “verificarán si en los abogados hubo maniobras dilatorias y si por parte de los fiscales y jueces hubo negligencia en las investigaciones”. 

La decisión se tomó luego de los llamados del procurador general, Fernando Carrillo, por las demoras en el proceso penal que llevaron al vencimiento de términos en el proceso. 

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Carrillo lamentó los retrasos en las investigaciones que adelanta la Fiscalía y las demoras en el sistema judicial: “Transcurridos dos años de inactividad y dejar vencer los términos, claramente es una conducta disciplinaria”. 

Para el procurador, la morosidad en los procesos penales “es una causa de un problema estructural de la justicia” que se tiene que evaluar en la reforma a la justicia. 

La libertad de Ricaurte fue decretada por el juzgado segundo de garantías. Al respecto, la Fiscalía explicó a través de un comunicado que no habrían tenido nada que ver con las demoras en el proceso. 

“La Fiscalía ha asistido a todas las audiencias programadas, no ha solicitado ningún aplazamiento, no ha interpuesto ningún recurso, sus intervenciones han sido breves”, dijo. 

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La libertad de Palacino la ordenó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que le prohibió salir del país sin permiso y comunicarse con los exdirectivos de la intervenida EPS, cooperativas financieras Comultrasan y Cotrafa. 

En la decisión judicial avalaron los argumentos de la defensa del expresidente de Saludcoop frente a un vencimiento de términos en este proceso penal. Esto debido a que se superaron los términos que fija la ley entre la radicación del escrito de acusación y el inicio formal del juicio.