Jalón de orejas del Consejo de Estado a la Agencia Nacional de Minería

 

Según los demandantes, para lograr la inscripción en el Registro Minero Nacional se les sometió a una nueva evaluación técnica por parte de la Agencia Nacional Minera, pese a que cumplían con los requisitos de ley, los cuales exigen solo la suscripción del contrato de concesión. En su caso, no se permitió dicha inscripción, pese a que en casos similares y a otros solicitantes sí se efectuó, por lo que se vulneró el derecho a la igualdad.

 

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, explicó que los accionantes explotaron ilegalmente la mina durante 12 años e iniciaron en diciembre de 2004 un trámite administrativo que pretendía su legalización, por lo que presentaron solicitud y propuesta de contrato de concesión. 

 

Sin embargo, al efectuar una reevaluación técnica a la solicitud, no establecida en la ley, la Agencia Nacional Minera negó la inscripción, lo que, a juicio de la Sala, vulneró el derecho al debido proceso del accionante.

 

“No se compadece con las reglas del debido proceso, que agotados la totalidad de trámites y requisitos exigidos legalmente para la suscripción de un contrato de concesión, superada la evaluación previa a su suscripción, en donde se verificó oportunamente el Sistema Nacional de Catastro Minero, y sin que medie una norma que expresamente lo autorice o la aplicación de un procedimiento que ofrezca las garantías propias al interesado, se desconozca el derecho que surge para el concesionario una vez suscrito el contrato”, afirma la providencia.