JEP definirá si acoge al general (r) Mauricio Santoyo

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definirán en los próximos días si acogen en ese marco de justicia transicional al ex jefe de seguridad de la Casa de Nariño, general (r) Mauricio Santoyo Velasco, para que cuente la verdad sobre varios capítulos del conflicto armado en Colombia.

El oficial retirado, quien fue extraditado y pagó cárcel en los Estados Unidos, confesó ante las autoridades de ese país que prestó apoyo a las extintos grupos paramilitares entre los años 2001 y 2008.

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En su oportunidad, el general Santoyo permaneció siete años privado de la libertad en una cárcel de Estados Unidos, luego de reconocer ante la Corte del Distrito Este de Virginia  que recibió  millonarios recursos de exjefes paramilitares a cambio de prestarles asistencia y apoyo en varias operaciones.

Una vez cumplió con la condena impuesta por la justicia norteamericana, el oficial fue trasladado nuevamente a Colombia el 29 de abril de 2019 y a su arribo al país fue capturado tas pesar una orden judicial por parte de la Fiscalía que lo investiga por la desaparición de Claudia Monsalve y Ángel Quintero, integrantes de la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (Asfades), ocurrida el 6 de octubre del año 2000 en la ciudad de Medellín.

De acuerdo con el expediente judicial, el general retirado Mauricio Santoyo es investigado por la presunta comisión en los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir.

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Otro de los hechos por el cual esta siendo indagado el general retirado es por su supuesta responsabilidad en interceptaciones telefónicas ilegales cometidas entre los años de 1995 y 2001, cuando estuvo al frente del Gaula Urbano en Medellín, Antioquia, como una estrategia para favorecer el accionar criminal de los exparamilitares.

El expediente del general Santoyo, fue remitido el pasado 1 de octubre a la JEP por la propia Fiscalía General para que defina su competencia,  con base en lo planteado por la Corte Constitucional, en tono a los casos relacionados con actos del conflicto armado.