JEP revocó la libertad provisional al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) revocaron el beneficio provisional de libertad concedida al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales quien fue condenado a 35 años de prisión como coautor del delito de desaparición forzada de varias personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

En la misma decisión la JEP condicionó la permanencia del oficial retirado en ese tribunal a un aporte inmediato de verdad plena sobre los graves hechos que rodearon el holocausto del Palacio de Justicia.

La condena contra el oficial por este caso fue dejada en firme por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y el 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia.

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El 15 de mayo de 2020, una vez verificados los requisitos exigidos por la ley, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento ante ese tribunal del oficial retirado y le concedió el beneficio provisional de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, y lo exhortó a que presentara un compromiso claro, concreto y programado de aportes a la verdad.

Sin embargo, esta decisión fue apelada ese mismo mes por dos grupos de víctimas quienes argumentaron que el General no tenía interés en contribuir a develar lo ocurrido.

Es así como al llegar el caso a la Sección de Apelación de la JEP se ordenó revocar  el beneficio provisional de libertad otorgada al General en retiro.

De acuerdo con los magistrados, pasados dos años desde que se le concedió la libertad, el general retirado Arias Cabrales no ha cumplido con sus obligaciones ante el Sistema Integral de Paz, concretamente, en lo relacionado con el esclarecimiento de los hechos.

La JEP concluyó que el oficial “no atendió el llamado que en dos oportunidades le realizara la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y tampoco ha presentado el documento contentivo de su aporte a la verdad exigido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas". 

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En la decisión se agrega que la actuación del oficial retirado deja en evidencia un incumplimiento grave de sus compromisos para la construcción de una paz estable y duradera.