Juez condenó a exgobernador de Magdalena por corrupción en un contrato

Un juez de la República condenó al exgobernador de Magdalena, Francisco José Infante Vergara, por su responsabilidad en la celebración de un contrato para la detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en esa región del país, el cual no cumplía con los requisitos legales.

La Fiscalía General de la Nación demostró que Infante Vergara hizo parte de un esquema de corrupción que direccionó indebidamente y se apropió de los recursos del convenio destinado a la toma de muestras para detectar el VIH en esa región.

Tras analizar las pruebas, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, condenó al exfuncionario a 15 años, 8 meses y 6 días de prisión, además del pago de 2.589 millones de pesos por daños y perjuicios y una multa equivalente a 1.153 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

El fallo señala que Francisco José Infante Vergara fue responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

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La Corte Suprema de Justicia también ordenó la captura inmediata del exmandatario, quien deberá cumplir su condena en un centro carcelario.

La investigación liderada por un fiscal delegado ante ese tribunal, demostró que durante su gestión como gobernador en encargo, Infante Vergara autorizó la celebración irregular del contrato 372 de 2007, por 443 millones de pesos.

El convenio tenía como objetivo la toma de muestras de sangre para detectar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a 4.000 habitantes de sectores vulnerables del departamento de Magdalena.

El análisis inicial reveló que el exgobernador permitió la contratación de un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no estaba inscrito ante el Ministerio de Salud y no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia, infraestructura y solvencia financiera y además presentó una oferta comercial por encima de los precios de mercado.

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Además, Infante Vergara autorizó un anticipo del 50% del valor total, el cual fue consignado en una cuenta diferente a la registrada por la IPS.

A pesar de que se presentaron certificaciones que afirmaban que la totalidad de la población beneficiaria había recibido el servicio, se comprobó que 1.065 personas no fueron atendidas. De las 2.935 restantes, se tomó una muestra aleatoria que evidenció que las personas nunca recibieron el servicio prometido.