Juez tumbó aceptación de cargos de supuestos colaboradores en fuga de Aida Merlano

El juez 56 Penal del Circuito de Bogotá anuló la aceptación de cargos de los hermanos Juhass y Kerly Pineda Matallana, investigados por presuntamente participar en la fuga de la excongresista Aida Merlano.

El juez argumentó que la Fiscalía no presentó ningún elemento de material probatorio para fundamentar la imputación de cargos de favorecimiento de la fuga.

Además, el juez aseguró que por dicho delito solo pueden ser investigados funcionarios públicos y miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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“El principio de presunción de inocencia no es una formalidad, es un pilar esencial del proceso penal, que garantiza que la justicia se imparta de manera imparcial y basada en hechos con fundamentos”, dijo el juez.

Señaló que a que a pesar de la aceptación de cargos por parte de los implicados en audiencias preliminares, aun tienen derechos en el debido proceso y en la legalidad del sistema de justicia.

Por lo anterior, el juez ordenó "improbar el allanamiento a cargos realizados por los señores Juhass Pineda Matallana y Jelissa Kerly Pineda Matallana, por la conducta punible de favorecimiento de la fuga, realizado en la audiencia debidamente individualizada”.

La Fiscalía y la representante del Ministerio Público apelaron la decisión, por lo que el Tribunal Superior de Bogotá deberá pronunciarse sobre esta decisión.

Cabe recordar que un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción argumentó que el 1 de octubre de 2019 los hermanos Pineda Matallana se encontraban a las afueras del consultorio odontológico al que acudió Aida Merlano y del cual se escapó. 

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"La mujer habría sido quien recibió a Merlano tras descender por una cuerda desde el segundo piso del edificio. Mientras que el hombre, por su parte, al parecer, fue quien condujo la motocicleta en la que se concretó la huida de la excongresista", relató el fiscal en audiencia preliminares. 

Por el momento, los implicados deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia, a pesar de que su abogada defensora solicitó al juez eliminar la medida de aseguramiento.