Jueza que liberó a gestores paz de la 'Primera Línea' no habría cometió conductas delictivas

En diciembre del 2022, la jueza Lilyan Bastidas Huertas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, otorgó la libertad a los primeros jóvenes pertenecientes de la autodenominada 'Primera Línea', quienes fueron designados por el Gobierno Nacional como gestores de paz.

Por su decisión, la Procuraduría General interpuso una denuncia por los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública. Sin embargo, diez meses después, la Fiscalía General de la Nación solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá una audiencia de preclusión en favor de la funcionaria pública.

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Lo anterior, porque la jueza Lilyan Bastidas no habría extralimitado sus funciones en su decisión y no cometió ninguna conducta delictiva.

La situación por la que estuvo en la lupa de los investigadores se relaciona con la orden de dejar en libertad a Santiago Márquez y Adriana Bermeo, nombrados como gestores de paz por el presidente Gustavo Petro.

En su momento, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que la juez Bastidas debía explicar por qué en un caso posterior sí tomó la decisión de convocar a la respectiva audiencia de control de garantías.

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Asimismo, sostuvo que “ante cualquier decisión es necesario en nuestro sistema la participación de víctimas, del Ministerio Público, de ese tipo de decisiones, por qué entonces tomó de forma directa y no se convocó a estas personas, ni tampoco asignó a un juez de control de garantías”.

 Cabe mencionar que uno de los jóvenes liberados fue Santiago Márquez Charry, quien estaba recluido en el centro penitenciario de 'Palogordo' en Girón, Santander, donde duró siete meses por los delitos de concierto para delinquir, tenencia de objetos o sustancias peligrosas, entre otros cargos.

El segundo caso de libertad fue la líder comunitaria, Adriana Esperanza Bermeo Sua, quien según la Fiscalía, haría parte de la ‘Primera Línea–Engativá’, y habría estado involucrada en varios de los actos de vandalismo y sabotaje a la protesta en Bogotá. Cumplía su condena en la cárcel El Pedregal, en Medellín.