La condición que propone la reforma a la justicia sobre los fallos preacordados

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se refirieron a las propuestas que serán llevadas a la comisión que está estructurando el proyecto de reforma a la justicia que será presentado al Congreso de la República. 

El magistrado Chaverra explicó que la postura de ese tribunal es impulsar que los jueces de control de garantías tengan la tarea de hacer control de legalidad a los principios de oportunidad, que sean tramitados entre la Fiscalía y un indiciado de algún delito, con el objetivo de asegurar correcta aplicación de la ley en la toma de decisiones judiciales. 

“Lo que tiene que ver con preacuerdos y principios de oportunidad, es que se mantenga como eje central la figura del juez de control de garantía y del juez de conocimiento. De manera que la Corte Suprema de Justicia defiende que siempre los principios de oportunidad que por iniciativa de la Fiscalía General de la Nación quieran consolidarse, tienen que tener el control de legalidad del juez de control de garantías”, afirmó Chaverra. 

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El magistrado también explicó que en la figura de las negociaciones para un preacuerdo, cómo está sucediendo en el caso de Olmedo López y Sneyder Pinilla por el escándalo de Gestión del Riesgo, debe haber un control de legalidad de un juez de conocimiento, quien deberá validar las condiciones para aceptar la negociación. 

“El preacuerdo también para nosotros es insustituible la figura del juez de conocimiento, él debe validar debe validar la legalidad tanto el allanamiento como el preacuerdo a partir de los condicionantes y los requisitos de validez que establece la ley 906 de 2004 y los desarrollos que sobre ese particular ha hecho la jurisprudencia de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia”, mencionó el presidente de la Corte Suprema.

Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, reconoció que la supervisión legal de un juez permite que exista un contrapesa en la decisión judiciales, mientras agregó que sería peligroso que se permita a la Fiscalía pactar sentencias preacordadas sin ninguna supervisión. 

“A todos los mecanismos premiales tanto las sentencias preacordadas, producto de negociaciones con el principio de oportunidad entrañan un nivel de discrecionalidad de la Fiscalía que requiere como contrapeso un control judicial. Sería muy peligroso que la Fiscalía tuviera poderes tales de que pudiera aplicar principio de oportunidad sin ningún control”, concluyó la funcionaria. 

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La comisión de alto nivel que trabaja para configurar el proyecto que será presentado al Congreso, se reunirá nuevamente este viernes 26 de julio, para debatir las propuestas de la Corte Suprema.