Legalizan captura de alcalde Riohacha y una de sus funcionarias por casos de corrupción en La Guajira

Estas dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en las irregularidades de los contratos para el programa de alimentación escolar de la región que podría afectar a unos 24 mil menores.

La diligencia de imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, se realizará esta tarde en los juzgados de Paloquemao, mientras se conoció que por estos hechos, podrían recibir condenas superiores a los 20 años de prisión.

Cabe recordar que en las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación adelantó un un gigantesco operativo contra la corrupción y presuntas irregularidades en las elecciones locales y regionales en La Guajira, que involucran también al gobernador seccional, Wilmer González y a otros funcionarios públicos de la región.

Según explicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al gobernador González se le formularán cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y corrupción al sufragante.

Al alcalde de Riohacha, Velásquez Rivadeneira (capturado en las horas de la mañana), se le investigará por presunta corrupción en contratos. 

“Durante el acompañamiento realizado por la entidad, con el fin de evitar posibles actos de corrupción, se logró evidenciar maniobras concertadas que presumiblemente afectaron la transparencia de la jornada electoral”, dijo el Fiscal General.

Martínez señaló que la audiencia fue reprogramada para el próximo 9 de febrero.

Por este mismo proceso la Fiscalía imputará cargos contra la concejal de Maicao, Silbelly Solano Iguarán.

El fiscal general señaló que dentro de esta misma investigación será imputado otro grupo de concejales de la región y particulares.

-Corrupción en alimentación escolar-

El fiscal Martínez había confirmado en las primeras horas de este viernes la captura de Fabio David Velásquez Rivadeneira, alcalde de Riohacha (capital de La Guajira) y de Dilcey Acosta Novelis, secretaria de educación de este municipio.

Los hechos que se le imputan son irregularidades que ascenderían a cerca de mil 200 millones de pesos en un contrato de programa de alimentación escolar.

Los capturados serán procesados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

El polémico contrato fue suscrito entre el alcalde de Riohacha y el representante legal de la Asociación Social del Caribe, ASOCAR, por más de 5.700 millones de pesos que buscaban atender con el beneficio del programa de alimentación escolar a cerca de 24 mil menores.

El fiscal Martínez dijo que continúan los operativos de captura contra otros servidores públicos y particulares por estos hechos.

-A imputación exgobernadora Oneida Pinto-

La Fiscalía también imputará ante el Tribunal Superior de Bogotá a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato que tenía por objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, La Guajira, cuando se desempeñaba como alcaldesa.

La Fiscalía estableció que este contrato que ascendió más de 16.800 millones de pesos fue celebrado por Oneida Pinto antes de que abandonara su cargo de alcaldesa para iniciar su campaña como candidata a la Gobernador de La Guajira.

-Corrupción para atención del dengue-

De igual forma la Fiscalía imputará cargos contra el exgobernador de La Guajira José María Ballesteros por un contrato suscrito con la Organización sobre las causas de la enfermedad del dengue en el departamento.

El fiscal Martínez advirtió que este convenio que está en la mira de las autoridades ascendió a más de 17.500 millones de pesos.

Por este escándalo la Fiscalía también le imputará cargos al exsecretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Araujo Daza; al exasesor de la gobernación Marco Luis Pedraza y el contratista Fredy Alexander Díaz Quijano.

Ante la gravedad de todos estos procesos, el fiscal general le solicitó al presidente Juan Manuel Santos la adopción de medidas “audaces y extraordinarias” que permitan la reconstrucción del tejido institucional de La Guajira.