Los intentos fallidos para aprobar la cadena perpetua para violadores

El próximo 30 de septiembre se cumple un año del abuso sexual y posterior asesinato de Génesis Rúa, una pequeña de solo nueve años de edad. Hace pocos días fue en Atlántico donde una menor falleció en circunstancias similares.

Estos son apenas dos de los más sonados cosos recientes, a los que se suman otros como el de Yuliana Sambiní, brutalmente asesinada, abusada y torturada por Rafael Uribe Noguera; o el de la niña de tres años que fue violada, golpeada y quemada, en un hecho en el que está vinculada la madre de la menor.

Todo esto ha hecho que tome fuerza la iniciativa que busca reformar la Constitución Política para que haya cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de 14 años de edad.

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La discusión de dicha reforma actualmente está en trámite en el Congreso, aunque todavía no ha enfrentado ningún debate por diversas discusiones políticas entre diferentes sectores.

Esta no es la primera vez que este tema es puesto en consideración de la opinión pública. De hecho, la cadena perpetua, no solo para violadores sino para otros casos, fue propuesta en 1988 en el gobierno de Virgilio Barco, pero en ese momento los altos tribunales la declararon inconstitucional.

Tras esto, y con la constitución de 1991 que descartó este tipo de pena, pasaron 20 años para que en 2008 el tema volviera a estar en boga. Todo ocurrió luego del homicidio del pequeño Luis Santiago, un caso que conmocionó a todo el país y que culminó con la captura de Orlando Pelayo, padre del menor, y su amante.

Ante estos hechos, la entonces concejal de Bogotá, Gilma Jiménez, quien ya había trabajado en otros casos de violencia contra menores, inició una cruzada para crear la cadena perpetua contra los actores de estos crímenes.

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Para ello recolectó más de dos millones y medio de firmas con las que buscaba convocar un referendo en el que se modificara la constitución y así crear este tipo de penas en el país.

Pese a esto, y a ser aprobada la iniciativa en el Congreso, en 2011 la Corte Constitucional frenó el proceso al considerar que los promotores del referendo no lograron certificar que la campaña de recolección de firmas no superó los topes de financiación.

Ante esto, Jiménez, siendo ya senadora presentó un proyecto de reforma constitucional que, una vez más, no dio frutos al quedarse estancado en el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Pasaron varios años para que Yohana Jiménez, hija de la fallecida senadora, impulsara un nuevo referendo tras la muerte de Yuliana Samboní, el cual solo alcanzó 1,3 millones de los 1,17 millones de firmas que necesitaba para poder ser convocado. Otro intento surgió en 2017 cuando el exsenador Mauricio Lizcano presentó un proyecto de ley que también se hundió.