Luis Almario, el primer acusado por la Fiscalía de la JEP por nexos criminales con exFarc

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),  acusó al excongresista Luis Fernando Almario por la alianza criminal que sostuvo con las antiguas Farc para la comisión de al menos 30 hechos violentos, entre ellos secuestros y homicidios, contra diferentes lideres políticos como el clan de la familia Turbay Cote.

Esta decisión se constituye en la primera acusación que realiza la Fiscalía de la JEP para la cual los investigadores acudieron al estatuto de la Corte Penal Internacional.  

"Es histórico porque es el primer escrito de acusación  que presenta un fiscal de la JEP en Colombia por un crimen de lesa humanidad, el cual se estructuró a lo largo de la investigación y que tiene como fundamento la facultad que tiene la JEP de estructurar la calificación jurídica propia", dijo el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP Giovanni Álvarez Santoyo.

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Explicó que la acusación en este caso se da por el crimen de lesa humanidad de persecución, fundamentado en la ejecución de 30 conductas delictivas que constituyeron asesinatos, desplazamientos forzados y privaciones graves de la libertad.

"Luis Fernando Almario es acusado por los fiscales de la JEP en calidad de coautor, puesto que con exmiembros del Bloque sur de las Farc desarrollaron un plan criminal que tenía como finalidad apoderarse del poder político del departamento del Caquetá", indicó.

Igualmente, señalo que:  "Para ello ejecutaron una serie de conductas entre 1993 y el año 2002, que afectó a más de 30 personas del grupo político liberal Turballista, es decir que esta acusación no sólo es por el secuestro y homicidio de los miembros de la familia Turbay Cote, sino de un gran conglomerado de personas que hacía parte del grupo Turballista del Caquetá".  

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Ante esta decisión, la Fiscalía de la JEP llevará el caso de Almario al primer  juicio ante la Sección con Ausencia de Reconocimiento del Tribunal de Paz, por lo que es considerado uno de los hechos más emblemáticos sobre persecución política en Colombia.

Agregó que de ser hallado responsable se pedirá la máxima condena posible en la jurisdicción especial.