Masacre de Bojayá: Ordenan iniciar desde cero proceso disciplinario

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anuló y ordenó iniciar desde cero el proceso disciplinario contra el abogado James Mosquera Torres, quien representó en un proceso de reparación a las víctimas de la masacre de Bojayá, ocurrida en el 2002.

La Comisión, con ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, concluyó que en ese proceso no se tuvieron en cuenta a las víctimas de la masacre.

El abogado es señalado de cometer una irregularidad o falta disciplinaria, al “contratar” a una persona de la comunidad para que convenciera a las víctimas de la masacre de entregarle el poder de representación del proceso contra la Nación.

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Según la queja, el abogado le prometió a la persona pagarle el 10% de los honorarios que las víctimas le iban a pagar por ganar la demanda contra la nación, pero al parecer ese dinero nunca de pagó.

“La labor consistió en obtener los poderes registros civiles de los menores de edad, declaraciones extraproceso, historias clínicas, y toda la documentación necesaria para iniciar con la acción de reparación (…) se estipulo que el 30% de los honorarios que recibiría el profesional les reconociera a los citados el 10%”, se lee en la queja.

Al revisar el caso, el magistrado Sanpedro dijo que, en medio de la investigación contra el abogado, no se tuvieron en cuenta a las víctimas a quienes se debía preguntar si estaban o no de acuerdo con contratarlo a él para presentar la demanda económica contra el Estado.+

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“El proceso de primera instancia no adelantó una investigación integral, orientada desde y hacia las víctimas de estos hechos. La ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla advirtió que lo anterior "cercenó el derecho al acceso de justicia y configuró una irregularidad sustancial que vulneró el debido proceso", dijo la Comisión.

Una vez ganaron el proceso de demanda contra la Nación, a favor de las víctimas de la masacre, el Ministerio de Defensa y la Policía, a través de una resolución del 2019, ordenaron el pago de la reparación sobre la porción que les correspondía a favor del abogado que era “19’979.159 millones de pesos, cifra correspondiente a la tercera parte del valor total de la condena” contra la Nación.