Medidas de aseguramiento se manejarán solo en casos excepcionales: Fiscalía
La medida busca la descongestión carcelaria en el país.
El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunció que como política criminal del país se impondrá medida de aseguramiento a personas que hayan cometido delitos graves y peligrosos, con el propósito de aportar en la descongestión de las cárceles.
En medio de su intervención en el debate del proyecto constitucional de cadena perpetua para violadores en el Congreso de la República, Barbosa señaló que en los próximos días se reunirá con todas las seccionales del país para impartir esas nuevas directrices.
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“Ese es un tema importante para la Fiscalía por varias razones: porque nosotros tenemos que establecer que esa pena privativa de la libertad debe ser sólo para los casos de personas peligrosas, personas que pueden causar un daño inherente a la sociedad y en ese sentido nos va a permitir solucionar un problema de sobrepoblación carcelaria en el país donde hoy tenemos básicamente un grupo de 120.000 personas y solamente hay cupo para 80.000”, señaló el Fiscal Francisco Barbosa.
El fiscal señaló que en la actualidad existe un alto número de demandas en el Consejo de Estado, por privación injusta de la libertad, que equivalen a un 60%.
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Barbosa señaló que esta nueva política ha sido socializada con los magistrados del Consejo de Estado y de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Francisco Barbosa ante el debate del proyecto de cadena perpetua para violadores de niños en el Congreso de la República insistió que el legislador debe concentrarse en optimizar la aplicación de la justicia por encima del aumento de penas.
El Fiscal General de la Nación justificó su posición afirmando que solo el 5% de las denuncias penales sobre violadores termina en una aplicación de la pena.
El Fiscal Barbosa recordó que la pena actual en Colombia para violadores es de 60 años de prisión con subrogados, pero hay mayor concentración en el aumento de la pena sin que se le de mayores herramientas a un juez para la aplicación de la justicia.