MinDefensa hizo un llamado para adoptar decisiones de la justicia transicional

El ministro de Defensa, Diego Molano, hizo un llamado a los magistrados y demás representantes de la Jurisdicción Especial para la Paz para que adopten cuanto antes decisiones contra los máximos responsables de prácticas criminales como el reclutamiento ilícito de menores.

"Precisamente por eso se necesitan rápidamente resultados de este proceso de justicia transicional, porque en la medida en que no haya verdad, justicia y decisiones de reparación los otros grupos armado ilegales seguirán con la misma práctica, porque evidencian que realmente no hay forma de que los culpables y responsables paguen por esas responsabilidades", indicó el ministro Molano. 

Esta declaración fue realizada por el ministro de Defensa luego de que RCN Mundo revelara un preocupante informe de la Jurisdicción Especial para la Paz en el que se evidenció que más de 470 menores han sido reclutados después de la firma del acuerdo final de paz.

Los investigadores del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz advirtieron que a causa de las amenazas contra las víctimas y sus familias para que no denuncien, el subregistro de casos es mucho mayor.

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Además, fueron documentados por los expertos de la JEP decenas de casos de menores indígenas que se suicidaron en Chocó, para evitar ser reclutados por estas organizaciones ilegales.

"Incluso en Bajo Baudó, Chocó, el líder de la comunidad Wounaan, Arquímedes Caripo Membache, denunció que al menos 20 jóvenes indígenas se han suicidado en el departamento para evitar ser reclutados por grupos armados", señal el informe de la JEP.

Según el Ministro este tipo de reportes de la propia JEP conllevan a considerar como fundamental que los resultados en las investigaciones se adopten de manera rápida en torno al papel que jugaron las antiguas Farc y los máximos responsables frente a la comisión y el reconocimiento de estos casos de reclutamiento forzado.

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El ministro Molano enfatizó que no se pude justificar que los responsables afirmen que "lo hicieron por apoyo a unos niños y unos jóvenes que estaban en pobreza. Aquí tienen que reconocer que utilizaron una práctica sistemática que viola los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario".