Minjusticia: Implicado en el asesinato de patrullero debe pagar en Colombia
Wikerson Slyke Hernández Sánchez ya se encuentra en la cárcel La Modelo.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, aseguró que el ciudadano venezolano que está siendo investigado por el crimen del patrullero Edwin Caro, ocurrido el pasado miércoles en el norte de Bogotá, deberá enfrentar a la justicia en Colombia.
Al mismo tiempo señaló que el Gobierno no ha recibido ninguna solicitud de extradición de Venezuela por el sujeto identificado como Wikerson Slyke Hernández Sánchez, quien en los últimos días fue enviado a la cárcel La Modelo, luego de que un juez de control de garantías considerara que es un peligro para la sociedad el que permanezca en libertad.
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Ruiz Orejuela aseguró también que tampoco existe intención de enviarlo a su país de origen, pues deberá responder ante la justicia por el crimen del uniformado de 24 años.
“Si él cometió el delito aquí en nuestro país, necesariamente tiene que pagar la pena acá, en este momento no tenemos ningún requerimiento oficial de parte del gobierno de Venezuela pero insisto, si cometió el delito acá debe pagarlo acá en nuestro país”, aseguró.
Destacó además que existe el principio de presunción de inocencia pero una vez se demuestre por parte de la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en el homicidio del uniformado, deberá purgar la condena que adopte un juez del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Cabe recordar que tras la muerte del patrullero Caro, fue capturado el sujeto al que la Fiscalía General le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
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El juez Once Penal Municipal con Función de Control de Garantías le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad y ordenó que de manera inmediata fuera enviado a la cárcel La Modelo.
En la exposición, el funcionario judicial aseguró que Wikerson Slyke Hernández Sánchez estaba armado y no respetó la vida del uniformado a quien aparentemente atacó.
Los videos de las cámaras de seguridad fueron determinantes en la decisión de privarlo de la libertad.