MinTIC afirma que no le tiene miedo a una demanda, por contrato de $70 mil millones
La Ministra de Tecnologías también anunció acciones administrativas contra Centros Poblados.
La ministra de las Tecnologías Karen Abudinen, anunció que esa entidad interpuso tres acciones administrativas contra la Unión Temporal Centros Poblados para tratar de recuperar los 70 mil millones de pesos que recibió para ejecutar el proyecto de conectividad que pretendía llevar internet a colegios públicos del país.
Según la funcionaria, esa empresa quedó inhabilitada por cinco años para contratar con el Estado y a partir de la fecha cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad pública.
Karen Abudinen también dijo que no tiene miedo a enfrentar posibles demandas contra ella o contra el Ministerio de Tecnologías, al tiempo que recordó que "hemos caducado el contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la decisión más contundente en materia de contratación estatal”.
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Por ello la Ministra mencionó que junto a su equipo de trabajo "cumplimos el debido proceso. Con firmeza y convencimiento esta es la decisión más acertada protegiendo todos los recursos del Estado que pertenecen a los colombianos".
Insistió en que actualmente "está en curso una actuación administrativa a la firma interventora, Consorcio PE 2020 C Digitales, responsable de supervisar la ejecución del contrato y avalar los anticipos y giros".
Asimismo explicó que actualmente en esa entidad se avanza "en un 'Plan de Choque' para revisar las bodegas y los colegios donde se encuentra la infraestructura tecnológica, para hacer un levantamiento y corroborar el plan de inversión del anticipo”.
Sin referirse explícitamente a las voces que pidieron su renuncia, Abudinen “recordó que "fuimos nosotros, en este Ministerio y esta ministra, quienes descubrimos las irregularidades, destapamos el problema y emprendimos inmediatamente la solución".
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La Ministra concluyó su intervención diciendo que "haremos efectiva la cláusula penal pecuniaria en contra de la UT Centros Poblados y sus miembros, por la suma de hasta $ 39 mil millones".