Movimientos políticos de Álvaro Gómez Hurtado e Ingrid Betancourt también revivirán con el fallo de la Corte

El 2 de noviembre de 199, cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda en el norte de Bogotá, dos sicarios interceptaron el vehículo en el que movilizaba Álvaro Gómez Hurtado. El dirigente político conservador, una de las figuras más influyentes en Colombia, murió inmediatamente.

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El otrora tres veces candidato a la Presidencia de la República se había convertido de uno de los críticos más acérrimos de Ernesto Samper Pizano, a quien ya le había pedido en repetidas oportunidades renunciar a la Presidencia por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña en 1994.

Con la muerte de Gómez Hurtado también quedó sepultado su movimiento ‘Salvación Nacional’ el cual había creado para presentar su candidatura a la Presidencia en 1990. Con dicho movimiento el legado y posición del dirigente conservador mantuvo su presencia en el Senado y Cámara de Representantes.

Sin embargo, el 13 de julio de 2006, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le quitó la personería jurídica por medio de la resolución 1057 al considerar que el movimiento no tenía representantes vigentes ni una participación activa en política.

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Sin embargo, este movimiento podría volver a la vida gracias a la decisión de la Corte Constitucional que ordenó devolverle la personería jurídica al Nuevo Liberalismo fundado por Luis Carlos Galán Sarmiento. Esto tras considerarse que el crimen del candidato presidencial el 18 de agosto de 1988 hizo parte de un plan sistemático para silenciar voces representativas de la política.

En el punto siete de la decisión se fija el efecto inter comunis para las elecciones que se realizarán en el año 2022 “frente a aquellos terceros que hubieran estado en las mismas o similares condiciones del Partido Nuevo Liberalismo expresamente analizadas en esta providencia”.

Dichas situaciones hacen referencia a los ataques sistemáticos contra dirigentes políticos orquestados por grupos armados ilegales en cooperación con agentes del Estado para asesinarlos y amenazarlos, desaparecerlos dentro del conflicto armado. Esto hizo parte de una “política de exterminación o aniquilamiento” en contra de las personas que habían manifestado de manera pública una postura férrea frente al fenómeno del narcotráfico y defendido la figura de la extradición de connacionales implicados en el tráfico de drogas.

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El crimen de Álvaro Gómez Hurtado fue declarado como de lesa humanidad el 19 de diciembre de 2019 por parte de la Fiscalía General de la Nación al considerar que en la década de los noventa se “cometieron toda clase de vejámenes y violaciones a los Derechos Humanos como amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas y políticos, por el hecho de hacer denuncias relacionadas con la injerencia de los dineros del narcotráfico en la vida política, social y económica del país”.